En pocos meses de gobierno ha dejado establecidas las bases para ir más allá de lo que han osado en varios años sus compañeros de Madrid o Valencia. En los próximos meses tendrá preparados los trámites legales para llevar a cabo lo que otros no se habían atrevido, vender a precio de saldo los hospitales públicos más modernos del SESCAM que ya hemos pagado todos con nuestros impuestos para después volver a pagar un canon anual por sus servicios sanitarios. Inmediatamente vendrá la continuación de la construcción o ampliación, también iniciadas con dinero público, de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara mediante el llamado “modelo Alzira” extendido en la Comunidad Valenciana y recientemente importado también a la de Madrid.
Con la excusa de la crisis financiera, el déficit autonómico, la escasa “rentabilidad económica” de los nuevos hospitales construidos por el SESCAM o la incapacidad de las arcas públicas para acometer nuevas infraestructuras sanitarias, el proyecto de Cospedal en Castilla - la Mancha no es otro que adelantar por la derecha en la carrera de desmantelar el sistema público de salud para saciar la voracidad de las grandes entidades financieras que llevan décadas detrás de hincarle el diente al gran pastel que suponen los sistemas nacionales de salud de la vieja Europa. No es una carrera nueva y desde los años 90 tanto PP como PSOE han colaborado en esa siniestra andadura, pero ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída del negocio de las infraestructuras públicas, estos mismos inversores necesitan una mayor agilidad en el proceso de privatización de lo servicios públicos, el siguiente filón donde seguir enriqueciéndose a costa de nuestros derechos. Y nuestra Presidenta está dispuesta a ser la más servicial en proporcionarles esa carnaza.
Este proceso, decidido ya antes de las elecciones aunque no se mencionase nada de ello en el programa electoral, está siendo llevado a cabo ya por una asesoría multinacional, la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC), encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Jaume Matas, ex-Presidente balear y ex-Ministro de Medio Ambiente y actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, prevaricación,…. o el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
Pricewaterhousecoopers está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este país a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directo de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción bajo el “modelo Alzira” del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como “lo peor de lo peor”.
Aunque los pliegos de condiciones que elabore PWC tendrán todo el formalismo de un concurso público, pocos dudan ya de que uno de los mayores beneficiarios de este regalo será Capio Sanidad, entre cuyos cargos podemos encontrar a Teresa Echániz Salgado, hermana del Consejero de Sanidad José Ignacio Echániz Salgado, o a Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores (de) Copedal y, entre otras hazañas, uno de los principales responsables de la quiebra de CCM o miembro del Consejo de administración de Vértice 360, grupo privado de comunicación beneficiario de la mayoría de adjudicaciones de la privatización de los servicios informativos de Castilla - la Mancha Televisión (CMT). Encontramos también entre sus cargos directivos a otro ex-Consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, y entre sus principales accionistas y mano en la sombra de toda la trama a Rodrigo Rato, ex-Ministro de Economía, ex-Presidente del Gobierno, ex-Director del FMI y actual Presidente de Bankia. No por casualidades de la vida fue precisamente PWC la encargada de gestionar la fusión de Caja Madrid y Bancaixa en Bankia, convirtiéndose así ésta, junto con el Banco Sabadell (al que se le regaló la CAM tras ser rescatada con fondos públicos tras su quiebra) en los principales propietarios (junto con varias empresas constructoras y aseguradoras privadas de salud) del Grupo Ribera Salud, beneficiario de las concesiones de todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat Valenciana (Ribera, Manises, Denia, Vinalopó, Torrevieja,…) del Hospital Xeral de Vigo, del Hospital de Torrejón o del Laboratrio Central de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado mes de noviembre se dió como inminente la venta por 110 millones de euros de todo el entramado parásito de Ribera Salud a Capio Sanidad a quien se concedió la negociación en exclusiva, gestionada de nuevo, sorpréndase, por Pricewaterhousecoopers. Las noticias en los últimos días, sin embargo, apuntan que la oscura situación financiera de la trama sanitaria y desconfianzas mutuas han roto la negociación, entrando en la puja otros inversores privados que hace cuatro meses fueron descartados como Atitlan, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Precisamente Atitlan apunta como otro de los grandes interesados, junto a Capio Sanidad, en el negocio redondo de los hospitales “no rentables” de Castilla- la Mancha.
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