Como xa semella tradición nas xornadas de folga xeral, a guerra de datos entre sindicatos, goberno e patroais é algo que despista á maioría de nós. Aquí, debemos ter en conta a complexidade á hora de calcular ese dato.
Os comités de cada empresa adoitan remitirllo a cadansúa central sindical, pero nin o fan todos os comités (e menos no propio día de folga) nin todas as empresas contan con este organismo (nin moitas menos).
O mesmo pasa cos datos empresariais. Suponse que as patroais reciben datos dos departamentos de RR.HH., pero isto semella acontecer aínda menos que a devandita comunicación entre comités e sindicatos.
Pola súa banda, os gobernos autonómicos envían ao goberno central os seus datos de folga, pero estas baséanse en meras estimacións sen base sólida.
Como derradeira apreciación neste preámbulo, está claro que en todas as partes existe un interese á hora de comunicar a porcentaxe de seguimento das folgas, sobre todo a nivel gubernamental (pois as folgas xerais sempre son en contra das súas políticas).
Entón, como podemos saber con algunha certeza cal foi o seguimento real da folga xeral do 14 de novembro? Todas as partes coinciden na importancia do consumo enerxético para achegarnos á verdade.
A Red Eléctrica de España (REE), empresa adicada en exclusividade ao transporte de enerxía eléctrica e operación de sistemas eléctricos, arroxou o dato final dunha deminución do consumo total de ao redor do 20%. Sobre este dato, goberno e patroal falaron dunha folga de intensidade "media-baixa" (algunhas fontes destes organismos situaban o seguimento da folga ao redor do 23%).
Pero o dato de consumo de enerxía da REE baséase no consumo total enerxético, cando nas folgas débese medir o nivel de carácter produtivo, xa que a enerxía doméstica medra exponencialmente por estaren os fogares "funcionando" a pleno rendemento (e non imos entrar xa no feito de que varios concellos gobernados polo Partido Popular tiñan as farolas funcionando ata ben entrada a tarde, coma no caso da Coruña).
Economistas Frente a la Crisis fan unha medición sobre os datos de consumo enerxético produtivo que, ao final do día de onte, computaba unha caida total do 66.8%. Isto quere dicir que o seguimento da folga foi bastante superior a esta porcentaxe xa que, por poucos traballadores que haxa, certas máquinas e alumbrado xeral das empresas funcionan sempre. De feito, se aplicamos a mesma relación que goberno e patroal manteñen entre os datos de consumo enerxético total e asistencia, daríanos que o 76,82% da masa laboral do Estado terían secundado a folga.
Aínda así, como non todas as empresas teñen un mesmo gasto enerxético por traballador, para nos facer unha idea do apoio á folga xeral o máis axustada á realidade posíbel, é recomendábel ter presente a participación nas manifestacións convocadas ese día.
Enlaces de interese:
http://economistasfrentealacrisis.wordpress.com/2012/11/13/14n-indicador-de-economistas-frente-a-la-crisis-de-seguimiento-de-la-huelga-general/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/11/14/huelga-14-n-farolas-encendidas-coruna-durante-manifestacion/00031352911398565408830.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz
jueves, 15 de noviembre de 2012
lunes, 1 de octubre de 2012
jueves, 26 de julio de 2012
Cómo utilizar el discurso de austeridad en política para dar un pucherazo electoral
La reducción de los 75 escaños del Parlamento gallego en los términos esbozados por Feijoo
podría abrir una brecha en favor del PP respecto a la suma de diputados
de PSdeG y BNG. La extrapolación de los resultados de las autonómicas
del 2009 a una Cámara de 61 escaños, que es el escenario que manejan los
populares, demuestra que el grupo mayoritario ampliaría a tres diputados la diferencia sobre la suma de socialistas y nacionalistas. El PP, que ahora tiene 38 actas, se quedaría con 32. El PSdeG pasaría de 25 a 19; y el BNG, de 12 a 10. El recorte de 14 diputados restaría 6 al PP, por 8 a la suma de socialistas (6) y nacionalistas (2).
Esta proyección del reparto de escaños en un
Parlamento de 61 se ha realizado aplicando los criterios de la ley
electoral en vigor, que asigna 10 actas a cada una de las cuatro provincias y
distribuye el resto en función de la población. Con esta regla, los 14
escaños que se restarían a los 75 actuales modificarían el peso de las
cuatro circunscripciones de forma que las dos provincias del eje
atlántico perderían cinco diputados cada una; y las dos menos pobladas,
dos. A Coruña quedaría con 19 escaños; Lugo, con 13; Ourense, con 12; y
Pontevedra, con 17.
De este modo, la reducción del número de
diputados encarecería el escaño en las provincias con mayor población,
por lo que aumentaría ese desequilibrio. Con la distribución actual,
obtener un diputado por A Coruña requiere el doble de votos que por
Ourense. Con una Cámara autónoma de 61, esa diferencia se ensancharía
todavía más. A Ourense le tocaría un escaño por cada 27.700 habitantes,
mientras que en la provincia de A Coruña sería por cada 60.300.
Esto es lo que provoca el rechazo con el que los grupos de la oposición han recibido un anuncio de Feijoo en
el que aprecian un sesgo a la medida de los intereses del PP. El más
expresivo ayer en dejar constancia de esos recelos fue el portavoz
nacional del BNG. Guillerme Vázquez acusó al presidente de la Xunta de pretender ganar los próximos comicios autonómicos «cun pucheirazo». Recriminó que, además de un golpe de efecto con el que pretende «desviar a atención» de su «falla de xestión»,
con la reforma de la ley electoral necesaria para reducir el número de
diputados el jefe del Ejecutivo busca amarrar el triunfo en las urnas «cun penalti mal pitado e no último minuto».
La responsable de política institucional del PSdeG, Laura Seara, ve en la propuesta de Feijoo una «cortina de fume»
para alejar el foco de los recortes en los derechos sociales y
laborales, que afectan con más intensidad a desempleados, jóvenes y
pensionistas. Seara, que apuntó que «o problema deste país non son os deputados nin os concelleiros», equiparó el anuncio del presidente de la Xunta al vuelco anunciado por el ministro Ruiz-Gallardón en la ley de interrupción del embarazo. «Están cunha estratexia para non falar dos problemas dos cidadáns».
Con todo, señaló que el PSdeG no se niega a entrar en el debate sobre
la reducción de escaños en O Hórreo, aunque supeditó cualquier
valoración a que Feijoo concrete sus intenciones en una «proposta seria».
Esa petición de los socialistas tendrá respuesta
en breve. El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, dejó claro que la
medida va en serio, si bien no está claro que los populares tengan
intención de meterle la tijera a la Cámara de cara a las próximas
elecciones gallegas. Puy anticipó la remisión «con carácter inmediato»
para que los grupos «dean a súa opinión». Defendió que basta extrapolar cualquiera de los últimos resultados electorales para comprobar que «o
Parlamento non vai perder pluralidade, nin afecta aos resultados,
porque, en definitiva, a pluralidade depende dos votos dos cidadáns».
Frente a las quejas expresadas por los portavoces de la oposición, que
objetan que el recorte socava la representatividad, Puy recordó que el
Estatuto permite una Cámara de 60 a 80 diputados. Resolvió que Feijoo
pretende transmitir con su propuesta el mismo mensaje a los ciudadanos
que con el resto de las reformas para aligerar la Administración.
Apoya la carta abierta a Montoro para conseguir una fiscalidad justa
Pedimos a Cristóbal Montoro que, si no sabe dónde está el gran fraude
fiscal, si no sabe dónde están escondidos los patrimonios
multimillonarios que no tributan, si desconoce los mecanismos que las
grandes empresas utilizan para pagar menos impuestos, lo deje en
nuestras manos porque creemos que ¡sabemos dónde encontrarlo!
“¿Cómo va a gravar usted a las grandes fortunas si están ocultas? [...] Voy a gravar las fortunas que están ocultas. Y yo también, Cuando me diga dónde están, cuando diga la inspección de Hacienda dónde están. (Aplausos)." Cristóbal Montoro. 19 de Julio de 2012. Congreso de los Diputados.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, máximo responsable político de la lucha contra el fraude fiscal en España, afirmó que no sabe donde están las grandes fortunas ocultas y, en consecuencia, no puede hacer que tributen. Se declara, por tanto, incompetente para luchar contra el fraude fiscal.
Desde la Plataforma para una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, le decimos a Cristóbal Montoro que, si no sabe dónde está el gran fraude fiscal, si no sabe dónde están escondidos los patrimonios multimillonarios que no tributan, si desconoce los mecanismos que las grandes empresas utilizan para pagar menos impuestos, lo deje en nuestras manos porque creemos que ¡sabemos dónde encontrarlo!
Nuestro plan para luchar contra este fraude, que supone entre el 20 y el 25% del PIB de economía sumergida -unos 90.000 millones de euros, casi el doble del total de los recortes comprometidos por el actual Gobierno- ¡no consiste en una amnistía fiscal!
Nuestro plan:
• Parte de la base de que el 72% del fraude fiscal español lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas, y • Sabe que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal ¡se recuperan 9 euros!
Nuestro plan se basa en tres pilares:
• La lucha contra el fraude de las grandes fortunas: reclamamos acabar con las SICAV y reformar el Impuesto de Patrimonio, no solo para hacerlo progresivo y redistributivo, sino para que también sea útil para descubrir todo tipo de fraude relacionado con los incrementos patrimoniales.
• La lucha contra el fraude de las grandes empresas: reclamamos que se reforme el Impuesto de Sociedades para acabar con la existencia de complejos mecanismos que permiten, únicamente, que “los que ganan más paguen menos”.
• Reclamar una lucha global, internacional y coordinada, contra la evasión y los paraísos fiscales. Recordemos que el 86% de las empresas del Ibex 35, las más poderosas del Estado, operan en estos paraísos. Por todo ello reclamamos que, de manera inmediata:
No podemos seguir perdiendo el tiempo con un ministro que, o no sabe dónde está el fraude, o no tiene ninguna voluntad política de hacerle frente.
Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria.
Enlace para votar
“¿Cómo va a gravar usted a las grandes fortunas si están ocultas? [...] Voy a gravar las fortunas que están ocultas. Y yo también, Cuando me diga dónde están, cuando diga la inspección de Hacienda dónde están. (Aplausos)." Cristóbal Montoro. 19 de Julio de 2012. Congreso de los Diputados.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, máximo responsable político de la lucha contra el fraude fiscal en España, afirmó que no sabe donde están las grandes fortunas ocultas y, en consecuencia, no puede hacer que tributen. Se declara, por tanto, incompetente para luchar contra el fraude fiscal.
Desde la Plataforma para una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, le decimos a Cristóbal Montoro que, si no sabe dónde está el gran fraude fiscal, si no sabe dónde están escondidos los patrimonios multimillonarios que no tributan, si desconoce los mecanismos que las grandes empresas utilizan para pagar menos impuestos, lo deje en nuestras manos porque creemos que ¡sabemos dónde encontrarlo!
Nuestro plan para luchar contra este fraude, que supone entre el 20 y el 25% del PIB de economía sumergida -unos 90.000 millones de euros, casi el doble del total de los recortes comprometidos por el actual Gobierno- ¡no consiste en una amnistía fiscal!
Nuestro plan:
• Parte de la base de que el 72% del fraude fiscal español lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas, y • Sabe que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal ¡se recuperan 9 euros!
Nuestro plan se basa en tres pilares:
• La lucha contra el fraude de las grandes fortunas: reclamamos acabar con las SICAV y reformar el Impuesto de Patrimonio, no solo para hacerlo progresivo y redistributivo, sino para que también sea útil para descubrir todo tipo de fraude relacionado con los incrementos patrimoniales.
• La lucha contra el fraude de las grandes empresas: reclamamos que se reforme el Impuesto de Sociedades para acabar con la existencia de complejos mecanismos que permiten, únicamente, que “los que ganan más paguen menos”.
• Reclamar una lucha global, internacional y coordinada, contra la evasión y los paraísos fiscales. Recordemos que el 86% de las empresas del Ibex 35, las más poderosas del Estado, operan en estos paraísos. Por todo ello reclamamos que, de manera inmediata:
- El Estado español actúe contra las empresas que operan en paraísos fiscales.
- El no reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
- Ningún contrato público, ningún beneficio fiscal, ninguna ayuda pública para las empresas que operan en paraísos fiscales.
No podemos seguir perdiendo el tiempo con un ministro que, o no sabe dónde está el fraude, o no tiene ninguna voluntad política de hacerle frente.
Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria.
Enlace para votar
La cumbre social contra los recortes convoca una marcha hacia Madrid
La plataforma estudia llamar a una 'huelga general ciudadana' que vaya más allá de la protesta en los centros de trabajo
La cumbre social creada hoy (25/07/2012) bajo el auspicio de CCOO y UGT y en la que participan unas 150 organizaciones sociales ha pactado este miércoles convocar para el 15 de septiembre una marcha a Madrid, así como otros actos que podrían desembocar en una huelga general ciudadana. Fuentes sindicales han explicado que estos son algunos de los principales puntos que están consensuando en la citada cumbre.
En lo que respecta a la marcha del 15 de septiembre, la intención es que "centenares de miles de ciudadanos" marchen a Madrid desde todos los rincones de la geografía española. Además de esta acción, las organizaciones quieren que el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre la política de recortes que está aplicando.
Si no lo hiciera, serían las organizaciones de la cumbre social las que llevarían a cabo la consulta popular. De acuerdo con las fuentes sindicales, esta consulta podría convocarse en la segunda quincena de octubre.
Después de estas dos medidas de protesta, así como otras que han de pactarse para agosto, la cumbre decidirá si convoca una huelga general de "carácter ciudadano" que vaya más allá de una protesta sindical en los centros de trabajo, han explicado las fuentes sindicales. Esta huelga se decidirá en una nueva asamblea de la cumbre que podría ser el 6 septiembre.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han presidido esta tarde la constitución de la cumbre social que han auspiciado ambos sindicatos y que tiene como objeto aunar a diferentes organizaciones y asociaciones en el rechazo a la política de recortes del Gobierno y en la defensa de lo público.
Esta nueva plataforma aglutina a unas 150 organizaciones sindicales, de inmigrantes, juristas, futbolistas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, consumidores, del personal sanitario, de la justicia, del ecologismo, del arte y de la dependencia, entre otras. La mesa que dirige esta "cumbre social" está formada por Toxo, Méndez, un miembro del Consejo de la Juventud de España –que representa a la Plataforma en defensa de los servicios públicos y del Estado del bienestar–, de los técnicos de Hacienda (Gestha), de Jueces para la Democracia, de Ecologistas en Acción, de la Unión Progresista de Fiscales y del Sindicato de Arquitectos.
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Gaceta Sindical de CCOO, donde encontrarás información más detallada:
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La Administración aporta el 59% de ingresos en educación privada
MADRID (Reuters) - Más de la mitad de los ingresos de la educación privada en España proceden del dinero público, según datos de 2010 que se conocen en un momento en que el país está viviendo movilizaciones por los recortes gubernamentales a la enseñanza pública.
La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, que sale cada cinco años y que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge que el sector tuvo unos beneficios en el curso 2009/2010 de 674 millones de euros, un 13,1 por ciento más respecto a 2004/5.
Según estos datos, un 58,8 por ciento de los ingresos corrientes que tienen los centros privados procede de la Administración pública - del Estado central y de las regiones -, frente al 37,6% que proviene de las cuotas familiares y el 3,6% de donaciones, asociaciones de padres y otros.
"Las subvenciones van fundamentalmente destinadas a los gastos de personal, profesores, personal de apoyo, comedor, transporte y residencia", dijo Elena Chasco, del INE, en declaraciones recogidas por RTVE.
Los datos corresponden a 2010, antes de que comenzara a cuestionarse la viabilidad de las arcas públicas y de que el Gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder a finales de 2011, planteara unos recortes de 3.000 millones de euros en educación.
En total, los ingresos corrientes que percibieron los centros educativos privados en 2010 se situó en 10.038 millones de euros, algo más de 4.100 euros por alumno.
Para los hogares, la educación privada no universitaria tuvo un coste medio de 1.541 euros por alumno y curso en 2010, frente a los 4,718 euros de un curso universitario.
El INE engloba bajo el término "educación privada" las escuelas privadas concertadas y las no concertadas, pero los datos se refieren mayoritariamente a las primeras.
Por regiones, el País Vasco obtuvo las mayores subvenciones por alumno, cercanas a los 4.000 euros, mientras que Madrid tuvo la más baja, unos 1.700 euros.
Estos datos se conocen después de que el Ministerio de Educación anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a la reducción de personal docente o la subida de la matrícula universitaria.
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La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, que sale cada cinco años y que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge que el sector tuvo unos beneficios en el curso 2009/2010 de 674 millones de euros, un 13,1 por ciento más respecto a 2004/5.
Según estos datos, un 58,8 por ciento de los ingresos corrientes que tienen los centros privados procede de la Administración pública - del Estado central y de las regiones -, frente al 37,6% que proviene de las cuotas familiares y el 3,6% de donaciones, asociaciones de padres y otros.
"Las subvenciones van fundamentalmente destinadas a los gastos de personal, profesores, personal de apoyo, comedor, transporte y residencia", dijo Elena Chasco, del INE, en declaraciones recogidas por RTVE.
Los datos corresponden a 2010, antes de que comenzara a cuestionarse la viabilidad de las arcas públicas y de que el Gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder a finales de 2011, planteara unos recortes de 3.000 millones de euros en educación.
En total, los ingresos corrientes que percibieron los centros educativos privados en 2010 se situó en 10.038 millones de euros, algo más de 4.100 euros por alumno.
Para los hogares, la educación privada no universitaria tuvo un coste medio de 1.541 euros por alumno y curso en 2010, frente a los 4,718 euros de un curso universitario.
El INE engloba bajo el término "educación privada" las escuelas privadas concertadas y las no concertadas, pero los datos se refieren mayoritariamente a las primeras.
Por regiones, el País Vasco obtuvo las mayores subvenciones por alumno, cercanas a los 4.000 euros, mientras que Madrid tuvo la más baja, unos 1.700 euros.
Estos datos se conocen después de que el Ministerio de Educación anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a la reducción de personal docente o la subida de la matrícula universitaria.
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La estrategia privatizadora de la sanidad pública en Castilla - la Mancha
Joseandrés Guijarro Ponce - Con menos de un año en el gobierno castellanomanchego, Mª Dolores (de) Cospedal puede enorgullecerse de haber hecho méritos suficientes para ascender en su carrera dentro del Partido Popular a costa de demostrar repetidamente cómo es la alumna más aventajada en el perverso arte de vender a los ciudadanos que le otorgaron su confianza a cambio de beneficios personales, tanto económicos como políticos. En este intento por demostrar ser la Presidenta regional a la que menos le tiembla la mano al adoptar medidas contrarias a los intereses de la ciudadanía por favorecer los distintos lobbies de poder que manejan las riendas del poder político, nuestra Presidenta ha aventajado con diferencia a sus compañeros en muchos terrenos, uno de ellos el de la privatización de la sanidad.
En pocos meses de gobierno ha dejado establecidas las bases para ir más allá de lo que han osado en varios años sus compañeros de Madrid o Valencia. En los próximos meses tendrá preparados los trámites legales para llevar a cabo lo que otros no se habían atrevido, vender a precio de saldo los hospitales públicos más modernos del SESCAM que ya hemos pagado todos con nuestros impuestos para después volver a pagar un canon anual por sus servicios sanitarios. Inmediatamente vendrá la continuación de la construcción o ampliación, también iniciadas con dinero público, de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara mediante el llamado “modelo Alzira” extendido en la Comunidad Valenciana y recientemente importado también a la de Madrid.
Con la excusa de la crisis financiera, el déficit autonómico, la escasa “rentabilidad económica” de los nuevos hospitales construidos por el SESCAM o la incapacidad de las arcas públicas para acometer nuevas infraestructuras sanitarias, el proyecto de Cospedal en Castilla - la Mancha no es otro que adelantar por la derecha en la carrera de desmantelar el sistema público de salud para saciar la voracidad de las grandes entidades financieras que llevan décadas detrás de hincarle el diente al gran pastel que suponen los sistemas nacionales de salud de la vieja Europa. No es una carrera nueva y desde los años 90 tanto PP como PSOE han colaborado en esa siniestra andadura, pero ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída del negocio de las infraestructuras públicas, estos mismos inversores necesitan una mayor agilidad en el proceso de privatización de lo servicios públicos, el siguiente filón donde seguir enriqueciéndose a costa de nuestros derechos. Y nuestra Presidenta está dispuesta a ser la más servicial en proporcionarles esa carnaza.
Este proceso, decidido ya antes de las elecciones aunque no se mencionase nada de ello en el programa electoral, está siendo llevado a cabo ya por una asesoría multinacional, la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC), encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Jaume Matas, ex-Presidente balear y ex-Ministro de Medio Ambiente y actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, prevaricación,…. o el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
Pricewaterhousecoopers está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este país a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directo de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción bajo el “modelo Alzira” del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como “lo peor de lo peor”.
Aunque los pliegos de condiciones que elabore PWC tendrán todo el formalismo de un concurso público, pocos dudan ya de que uno de los mayores beneficiarios de este regalo será Capio Sanidad, entre cuyos cargos podemos encontrar a Teresa Echániz Salgado, hermana del Consejero de Sanidad José Ignacio Echániz Salgado, o a Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores (de) Copedal y, entre otras hazañas, uno de los principales responsables de la quiebra de CCM o miembro del Consejo de administración de Vértice 360, grupo privado de comunicación beneficiario de la mayoría de adjudicaciones de la privatización de los servicios informativos de Castilla - la Mancha Televisión (CMT). Encontramos también entre sus cargos directivos a otro ex-Consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, y entre sus principales accionistas y mano en la sombra de toda la trama a Rodrigo Rato, ex-Ministro de Economía, ex-Presidente del Gobierno, ex-Director del FMI y actual Presidente de Bankia. No por casualidades de la vida fue precisamente PWC la encargada de gestionar la fusión de Caja Madrid y Bancaixa en Bankia, convirtiéndose así ésta, junto con el Banco Sabadell (al que se le regaló la CAM tras ser rescatada con fondos públicos tras su quiebra) en los principales propietarios (junto con varias empresas constructoras y aseguradoras privadas de salud) del Grupo Ribera Salud, beneficiario de las concesiones de todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat Valenciana (Ribera, Manises, Denia, Vinalopó, Torrevieja,…) del Hospital Xeral de Vigo, del Hospital de Torrejón o del Laboratrio Central de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado mes de noviembre se dió como inminente la venta por 110 millones de euros de todo el entramado parásito de Ribera Salud a Capio Sanidad a quien se concedió la negociación en exclusiva, gestionada de nuevo, sorpréndase, por Pricewaterhousecoopers. Las noticias en los últimos días, sin embargo, apuntan que la oscura situación financiera de la trama sanitaria y desconfianzas mutuas han roto la negociación, entrando en la puja otros inversores privados que hace cuatro meses fueron descartados como Atitlan, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Precisamente Atitlan apunta como otro de los grandes interesados, junto a Capio Sanidad, en el negocio redondo de los hospitales “no rentables” de Castilla- la Mancha.
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En pocos meses de gobierno ha dejado establecidas las bases para ir más allá de lo que han osado en varios años sus compañeros de Madrid o Valencia. En los próximos meses tendrá preparados los trámites legales para llevar a cabo lo que otros no se habían atrevido, vender a precio de saldo los hospitales públicos más modernos del SESCAM que ya hemos pagado todos con nuestros impuestos para después volver a pagar un canon anual por sus servicios sanitarios. Inmediatamente vendrá la continuación de la construcción o ampliación, también iniciadas con dinero público, de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara mediante el llamado “modelo Alzira” extendido en la Comunidad Valenciana y recientemente importado también a la de Madrid.
Con la excusa de la crisis financiera, el déficit autonómico, la escasa “rentabilidad económica” de los nuevos hospitales construidos por el SESCAM o la incapacidad de las arcas públicas para acometer nuevas infraestructuras sanitarias, el proyecto de Cospedal en Castilla - la Mancha no es otro que adelantar por la derecha en la carrera de desmantelar el sistema público de salud para saciar la voracidad de las grandes entidades financieras que llevan décadas detrás de hincarle el diente al gran pastel que suponen los sistemas nacionales de salud de la vieja Europa. No es una carrera nueva y desde los años 90 tanto PP como PSOE han colaborado en esa siniestra andadura, pero ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída del negocio de las infraestructuras públicas, estos mismos inversores necesitan una mayor agilidad en el proceso de privatización de lo servicios públicos, el siguiente filón donde seguir enriqueciéndose a costa de nuestros derechos. Y nuestra Presidenta está dispuesta a ser la más servicial en proporcionarles esa carnaza.
Este proceso, decidido ya antes de las elecciones aunque no se mencionase nada de ello en el programa electoral, está siendo llevado a cabo ya por una asesoría multinacional, la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC), encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Jaume Matas, ex-Presidente balear y ex-Ministro de Medio Ambiente y actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, prevaricación,…. o el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
Pricewaterhousecoopers está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este país a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directo de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción bajo el “modelo Alzira” del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como “lo peor de lo peor”.
Aunque los pliegos de condiciones que elabore PWC tendrán todo el formalismo de un concurso público, pocos dudan ya de que uno de los mayores beneficiarios de este regalo será Capio Sanidad, entre cuyos cargos podemos encontrar a Teresa Echániz Salgado, hermana del Consejero de Sanidad José Ignacio Echániz Salgado, o a Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores (de) Copedal y, entre otras hazañas, uno de los principales responsables de la quiebra de CCM o miembro del Consejo de administración de Vértice 360, grupo privado de comunicación beneficiario de la mayoría de adjudicaciones de la privatización de los servicios informativos de Castilla - la Mancha Televisión (CMT). Encontramos también entre sus cargos directivos a otro ex-Consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, y entre sus principales accionistas y mano en la sombra de toda la trama a Rodrigo Rato, ex-Ministro de Economía, ex-Presidente del Gobierno, ex-Director del FMI y actual Presidente de Bankia. No por casualidades de la vida fue precisamente PWC la encargada de gestionar la fusión de Caja Madrid y Bancaixa en Bankia, convirtiéndose así ésta, junto con el Banco Sabadell (al que se le regaló la CAM tras ser rescatada con fondos públicos tras su quiebra) en los principales propietarios (junto con varias empresas constructoras y aseguradoras privadas de salud) del Grupo Ribera Salud, beneficiario de las concesiones de todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat Valenciana (Ribera, Manises, Denia, Vinalopó, Torrevieja,…) del Hospital Xeral de Vigo, del Hospital de Torrejón o del Laboratrio Central de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado mes de noviembre se dió como inminente la venta por 110 millones de euros de todo el entramado parásito de Ribera Salud a Capio Sanidad a quien se concedió la negociación en exclusiva, gestionada de nuevo, sorpréndase, por Pricewaterhousecoopers. Las noticias en los últimos días, sin embargo, apuntan que la oscura situación financiera de la trama sanitaria y desconfianzas mutuas han roto la negociación, entrando en la puja otros inversores privados que hace cuatro meses fueron descartados como Atitlan, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Precisamente Atitlan apunta como otro de los grandes interesados, junto a Capio Sanidad, en el negocio redondo de los hospitales “no rentables” de Castilla- la Mancha.
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