jueves, 26 de julio de 2012

Cómo utilizar el discurso de austeridad en política para dar un pucherazo electoral


La reducción de los 75 escaños del Parlamento gallego en los términos esbozados por Feijoo podría abrir una brecha en favor del PP respecto a la suma de diputados de PSdeG y BNG. La extrapolación de los resultados de las autonómicas del 2009 a una Cámara de 61 escaños, que es el escenario que manejan los populares, demuestra que el grupo mayoritario ampliaría a tres diputados la diferencia sobre la suma de socialistas y nacionalistas. El PP, que ahora tiene 38 actas, se quedaría con 32. El PSdeG pasaría de 25 a 19; y el BNG, de 12 a 10. El recorte de 14 diputados restaría 6 al PP, por 8 a la suma de socialistas (6) y nacionalistas (2).

Esta proyección del reparto de escaños en un Parlamento de 61 se ha realizado aplicando los criterios de la ley electoral en vigor, que asigna 10 actas a cada una de las cuatro provincias y distribuye el resto en función de la población. Con esta regla, los 14 escaños que se restarían a los 75 actuales modificarían el peso de las cuatro circunscripciones de forma que las dos provincias del eje atlántico perderían cinco diputados cada una; y las dos menos pobladas, dos. A Coruña quedaría con 19 escaños; Lugo, con 13; Ourense, con 12; y Pontevedra, con 17.

De este modo, la reducción del número de diputados encarecería el escaño en las provincias con mayor población, por lo que aumentaría ese desequilibrio. Con la distribución actual, obtener un diputado por A Coruña requiere el doble de votos que por Ourense. Con una Cámara autónoma de 61, esa diferencia se ensancharía todavía más. A Ourense le tocaría un escaño por cada 27.700 habitantes, mientras que en la provincia de A Coruña sería por cada 60.300.

Esto es lo que provoca el rechazo con el que los grupos de la oposición han recibido un anuncio de Feijoo en el que aprecian un sesgo a la medida de los intereses del PP. El más expresivo ayer en dejar constancia de esos recelos fue el portavoz nacional del BNG. Guillerme Vázquez acusó al presidente de la Xunta de pretender ganar los próximos comicios autonómicos «cun pucheirazo». Recriminó que, además de un golpe de efecto con el que pretende «desviar a atención» de su «falla de xestión», con la reforma de la ley electoral necesaria para reducir el número de diputados el jefe del Ejecutivo busca amarrar el triunfo en las urnas «cun penalti mal pitado e no último minuto».

La responsable de política institucional del PSdeG, Laura Seara, ve en la propuesta de Feijoo una «cortina de fume» para alejar el foco de los recortes en los derechos sociales y laborales, que afectan con más intensidad a desempleados, jóvenes y pensionistas. Seara, que apuntó que «o problema deste país non son os deputados nin os concelleiros», equiparó el anuncio del presidente de la Xunta al vuelco anunciado por el ministro Ruiz-Gallardón en la ley de interrupción del embarazo. «Están cunha estratexia para non falar dos problemas dos cidadáns». Con todo, señaló que el PSdeG no se niega a entrar en el debate sobre la reducción de escaños en O Hórreo, aunque supeditó cualquier valoración a que Feijoo concrete sus intenciones en una «proposta seria».

Esa petición de los socialistas tendrá respuesta en breve. El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, dejó claro que la medida va en serio, si bien no está claro que los populares tengan intención de meterle la tijera a la Cámara de cara a las próximas elecciones gallegas. Puy anticipó la remisión «con carácter inmediato» para que los grupos «dean a súa opinión». Defendió que basta extrapolar cualquiera de los últimos resultados electorales para comprobar que «o Parlamento non vai perder pluralidade, nin afecta aos resultados, porque, en definitiva, a pluralidade depende dos votos dos cidadáns». Frente a las quejas expresadas por los portavoces de la oposición, que objetan que el recorte socava la representatividad, Puy recordó que el Estatuto permite una Cámara de 60 a 80 diputados. Resolvió que Feijoo pretende transmitir con su propuesta el mismo mensaje a los ciudadanos que con el resto de las reformas para aligerar la Administración.