La estrategia privatizadora de la sanidad pública en Castilla - la Mancha

Joseandrés Guijarro Ponce - Con menos de un año en el gobierno castellanomanchego, Mª Dolores (de) Cospedal puede enorgullecerse de haber hecho méritos suficientes para ascender en su carrera dentro del Partido Popular a costa de demostrar repetidamente cómo es la alumna más aventajada en el perverso arte de vender a los ciudadanos que le otorgaron su confianza a cambio de beneficios personales, tanto económicos como políticos. En este intento por demostrar ser la Presidenta regional a la que menos le tiembla la mano al adoptar medidas contrarias a los intereses de la ciudadanía por favorecer los distintos lobbies de poder que manejan las riendas del poder político, nuestra Presidenta ha aventajado con diferencia a sus compañeros en muchos terrenos, uno de ellos el de la privatización de la sanidad.

En pocos meses de gobierno ha dejado establecidas las bases para ir más allá de lo que han osado en varios años sus compañeros de Madrid o Valencia. En los próximos meses tendrá preparados los trámites legales para llevar a cabo lo que otros no se habían atrevido, vender a precio de saldo los hospitales públicos más modernos del SESCAM que ya hemos pagado todos con nuestros impuestos para después volver a pagar un canon anual por sus servicios sanitarios. Inmediatamente vendrá la continuación de la construcción o ampliación, también iniciadas con dinero público, de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara mediante el llamado “modelo Alzira” extendido en la Comunidad Valenciana y recientemente importado también a la de Madrid.

Con la excusa de la crisis financiera, el déficit autonómico, la escasa “rentabilidad económica” de los nuevos hospitales construidos por el SESCAM o la incapacidad de las arcas públicas para acometer nuevas infraestructuras sanitarias, el proyecto de Cospedal en Castilla - la Mancha no es otro que adelantar por la derecha en la carrera de desmantelar el sistema público de salud para saciar la voracidad de las grandes entidades financieras que llevan décadas detrás de hincarle el diente al gran pastel que suponen los sistemas nacionales de salud de la vieja Europa. No es una carrera nueva y desde los años 90 tanto PP como PSOE han colaborado en esa siniestra andadura, pero ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída del negocio de las infraestructuras públicas, estos mismos inversores necesitan una mayor agilidad en el proceso de privatización de lo servicios públicos, el siguiente filón donde seguir enriqueciéndose a costa de nuestros derechos. Y nuestra Presidenta está dispuesta a ser la más servicial en proporcionarles esa carnaza.

Este proceso, decidido ya antes de las elecciones aunque no se mencionase nada de ello en el programa electoral, está siendo llevado a cabo ya por una asesoría multinacional, la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC), encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Jaume Matas, ex-Presidente balear y ex-Ministro de Medio Ambiente y actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, prevaricación,…. o el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.

Pricewaterhousecoopers está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este país a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directo de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción bajo el “modelo Alzira” del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como “lo peor de lo peor”.

Aunque los pliegos de condiciones que elabore PWC tendrán todo el formalismo de un concurso público, pocos dudan ya de que uno de los mayores beneficiarios de este regalo será Capio Sanidad, entre cuyos cargos podemos encontrar a Teresa Echániz Salgado, hermana del Consejero de Sanidad José Ignacio Echániz Salgado, o a Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores (de) Copedal y, entre otras hazañas, uno de los principales responsables de la quiebra de CCM o miembro del Consejo de administración de Vértice 360, grupo privado de comunicación beneficiario de la mayoría de adjudicaciones de la privatización de los servicios informativos de Castilla - la Mancha Televisión (CMT). Encontramos también entre sus cargos directivos a otro ex-Consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, y entre sus principales accionistas y mano en la sombra de toda la trama a Rodrigo Rato, ex-Ministro de Economía, ex-Presidente del Gobierno, ex-Director del FMI y actual Presidente de Bankia. No por casualidades de la vida fue precisamente PWC la encargada de gestionar la fusión de Caja Madrid y Bancaixa en Bankia, convirtiéndose así ésta, junto con el Banco Sabadell (al que se le regaló la CAM tras ser rescatada con fondos públicos tras su quiebra) en los principales propietarios (junto con varias empresas constructoras y aseguradoras privadas de salud) del Grupo Ribera Salud, beneficiario de las concesiones de todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat Valenciana (Ribera, Manises, Denia, Vinalopó, Torrevieja,…) del Hospital Xeral de Vigo, del Hospital de Torrejón o del Laboratrio Central de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado mes de noviembre se dió como inminente la venta por 110 millones de euros de todo el entramado parásito de Ribera Salud a Capio Sanidad a quien se concedió la negociación en exclusiva, gestionada de nuevo, sorpréndase, por Pricewaterhousecoopers. Las noticias en los últimos días, sin embargo, apuntan que la oscura situación financiera de la trama sanitaria y desconfianzas mutuas han roto la negociación, entrando en la puja otros inversores privados que hace cuatro meses fueron descartados como Atitlan, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Precisamente Atitlan apunta como otro de los grandes interesados, junto a Capio Sanidad, en el negocio redondo de los hospitales “no rentables” de Castilla- la Mancha.

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El tijeretazo a las prestaciones por desempleo

Artigo interesante de Enrique Negueruela, columnista e colaborador en diferentes medios de comunicación:

El tijeretazo a las prestaciones por desempleo

Desde hace tiempo se veía venir que iban a meter la tijera en prestaciones. El hecho de presupuestar este año por debajo de lo gastado en 2011 era una clara premonición. De todas formas nunca llegué a pensar que fuera de una forma tan brutal, haciendo especial saña en los más desprotegidos y con mayores dificultades de encontrar trabajo.

Oír a Fabra gritar “Que se jodan” y al grupo parlamentario del PP aplaudir, al tiempo que Rajoy decía que recortaba las prestaciones para "animar la búsqueda activa de trabajo" de los nuevos perceptores de prestaciones, es una de las mayores indignidades que he conocido. Si encima el recorte que se anuncia en el Congreso, es solo la punta del iceberg del que se realiza, la indignidad es mucho mayor.
En primer lugar el PP ha cambiado el concepto mismo de subsidio. Desde 2007 era una cuantía mínima para subsistir quienes carecían de trabajo y habían agotado la prestación, no habían alcanzado el año de cotización o pertenecían a determinados colectivos, emigrantes retornados, liberados de prisiones, etc. Ahora tiene otra consideración.

Cuando una persona pierde un trabajo a tiempo parcial o agota su prestación parcial, sus necesidades mínimas no son parcializables. Por ello el subsidio tampoco lo era y percibía 426 euros fuera cual fuese el porcentaje de prestación o de trabajo. Rajoy ha decidido que esas necesidades mínimas a atender con 426 euros, sí lo pueden ser. Si el trabajo o la prestación eran a tiempo parcial, un 50% o un 60%, ahora el subsidio cubrirá solamente el 50% o el 60% de esas necesidades mínimas, serán 213 euros o 255,6. Para hacernos una idea, desde 2008 los contratos a tiempo parcial han pasado de representar el 23% de los contratos temporales registrados a suponer el 32%, afectando esta parcialidad especialmente a las mujeres, entre quienes suponen el 42%. Todos ellos verán reducido el subsidio al que puedan acceder en el mismo porcentaje en que vieron reducido su contrato de trabajo. Hablo de contrato de trabajo porque su trabajo es más que probable que fuera a tiempo completo o de más horas. En lo que va de año se han registrado 1.910.190 contratos temporales a tiempo parcial, de los que 1.135.823 corresponden a mujeres. Esta afectación a las mujeres fue lo que llevó a su modificación por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Su ataque ha sido especialmente virulento con los parados de más edad. Ha eliminado el subsidio especial para los mayores de 45 años y modificado el que era para mayores de 52 años, subiéndolo hasta los 55 años. Pero no se ha quedado ahí. Ha modificado los requisitos para solicitarlo. Hasta ahora cuando un parado cumplía la edad, lo solicitaba. A partir de esta modificación, deberá tener esa edad al agotar una prestación o cuando pueda solicitar un subsidio después de un trabajo. Veremos a parados que no están cobrando ninguna prestación y que cuando cumplan cincuenta y cinco años, tendrán todos los requisitos para cobrarlo pero no lo podrán solicitar. Necesitarán tener derecho a un nuevo subsidio, que previsiblemente será por no tener cumplido el periodo mínimo para una prestación contributiva. Cuando una persona de 45 o más años pierde su empleo, le resulta mucho más difícil reintegrarse al mercado laboral. La edad pesa como una losa. Por ello mientras los parados entre 45 y 55 años suponen el 23% del total de parados, ese porcentaje se incrementa hasta el 33% si miramos aquello con más de dos años en paro. Solo desde una perspectiva de restringir el gasto aunque se asuma la injusticia, puede mantenerse esta modificación. Además, esta reforma reduce la base de cotización a jubilación de este subsidio. Ahora cotizaba por el 125% de la base mínima, a partir de ahora será solamente la base mínima.

En relación con la prestación contributiva por desempleo se producen dos regresiones importantes. La primera de ellas tiene que ver con la aportación de los trabajadores a las contingencias comunes. Se establece que aportarán el 100% de la cuota del trabajador, el 4,70%. Esto que a primera vista parece equiparar a los parados con las cotizaciones de los demás trabajadores, en realidad lo que hace es alejarlos. Todos los trabajadores cotizamos por lo que cobramos. Si cobramos 1.000 euros, cotizamos 47 euros por contingencias comunes. En el caso de los parados esto no es así. Perciben el 70% o el 50% de su base reguladora que es por la que se cotiza. Si cobra 700 euros, su cotización es de 47 euros, si está en el tramo del 70%. Ello hace que su tipo real de cotización sea del 6,71% en el primer tramo o del 9,40% si está en el tramo del 50%. Para evitar esto, hasta ahora el Servicio Público de Empleo abonaba el 35% de la aportación del trabajador, con lo que se igualaba con todos los trabajadores.

La segunda es la disminución desde el 60% de la base reguladora al 50% durante los últimos dieciocho meses de prestación. Esta rebaja carece de cualquier explicación. Podría deberse a la insuficiencia de la recaudación de las cuotas por desempleo. Esta insuficiencia se debería solventar incrementándolas según la modalidad de contratación. Las modalidades de contratación temporal tienen un coste en prestaciones muy superior a la diferencia de cotizaciones, que es de 1,25 puntos a tiempo completo y de 2,25 a tiempo parcial. Aumentar esa diferencia, además de aproximar los costes de una y otra modalidad de contratación a la realidad debería permitir recaudar lo suficiente para no tener que disminuir la prestación. Actualmente los contratos temporales están incentivados en las cotizaciones a desempleo sobre los indefinidos dado que absorben parte de sus cotizaciones. Una medida de desincentivación incrementando en dos o tres puntos la cotización por desempleo forzaría a adecuar más las modalidades a las circunstancias de los empleos.

Otro aspecto que parece olvidar el PP, es que las prestaciones son salarios substitutorios. Es de lo que se come. De tener esto mínimamente presente, no establecería que se podrá suspender su abono ante indicios de fraude. No es solo la seguridad jurídica lo que está en juego, sino la subsistencia de las personas. Esta modificación forma parte de la cultura que afirma que ante una duda en el reconocimiento de una prestación, la salida es denegarla y que sea el juez quien la apruebe. Un gestor, ante una duda, debe solucionarla y proceder después en consecuencia. No se puede resolver con dudas y la denegación es una resolución.

El importe total que se pretende obtener del recorte de prestaciones es de 13.756 millones de euros en tres años, al mismo tiempo que se le condonan 5 mil millones a las empresas en cotizaciones. No parece repartir el esfuerzo de forma equilibrada.

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Medidas que afectan á prestación por desemprego

Aquí deixámosvos un resumo explicativo das medidas adoptadas polo goberno de Mariano Rajoy, só co apoio dos seus deputados, que afectan á prestación por desemprego.

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Queren arruinar o país

Aquí deixámosvos a Gaceta Sindical que elabora CC.OO. co tema dos recortes de Rajoy e a resposta cidadá e sindical que está a acontecer.

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As mobilizacións continuarán

Aquí deixámosvos o comunicado das tres principais centrais sindicais de Galicia logo das multitudinarias manifestacións de onte:

A cidadanía mobilizouse de xeito masivo en dez localidades galegas

Máis de 350.000 galegos e galegas claman na rúa contra o «saqueo» que representan os recortes do Goberno do PP

As manifestacións máis multitudinarias en Galicia nos últimos anos

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2012.- Esta tarde, máis de 350.000 persoas participaron en dez manifestacións por todo o territorio galego. De xeito unitario e masivo clamaron contra o «saqueo» que representan os últimos recortes aprobados polo Goberno central, en mans do PP, que agravan os efectos dos impostos semanas e meses atrás.

Na Coruña, en Ferrol, en Santiago de Compostela, en Burela, en Lugo, en Ourense, no Barco de Valdeorras, en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra e en Vigo sentiuse o clamor unánime da maioría social deste país. Nesta xornada de mobilización, os secretarios xerais dos tres sindicatos participaron na marcha que partiu da coruñesa praza da Palloza, na que foi unha das mobilizacións máis multitudinarias que se lembran.

Desde a cidade herculina, os dirixentes sindicais denunciaron, unha vez máis, o «saqueo» que supón para a clase traballadora o novo paquete de medidas, que cualificaron tamén de «insolidarias», «inxustificadas» e «inxustas». Advertiron tamén de que este plan de recortes, especialmente lesivo para quen menos ten, non vai quedar sen resposta.

Para CIG, CCOO e UGT, o «programa oculto» do PP, agora por fin revelado, ten como obxectivo eliminar dereitos, deteriorar os servizos públicos e precarizar e desregular o máis posible as condicións de vida e de traballo. Por iso aprobaron a diminución da prestación por desemprego a partir dos seis meses do 60 ao 50%, así como o endurecemento dos requisitos para o acceso á renda activa de inserción ou a suba do tipo xeral do IVE do 18 ao 21% e do reducido do 8 ao 10%.

Na mesma liña van a supresión da paga extra de Nadal das empregadas e empregados públicos e da súa negociación colectiva; a redución das empresas e fundacións públicas; a delimitación da prestación de servizos por parte dos concellos, reforzando a cambio as deputacións; a liberalización do sector dos servizos e flexibilización dos horarios comerciais e a privatización dos sectores de transporte ferroviario, portuario e aeroportos, entre outras. Mentres iso sucede, os auténticos responsables da crise vense beneficiados por amnistías fiscais e políticas favorables aos seus intereses.

Aproveitando a súa maioría absoluta tanto en Galicia como no Estado, o PP estase limitando a gobernar a golpe de decreto. Néganse ao diálogo e converten as mesas e espazos legais de negociación en simples trámites informativos. Ante a ausencia de talante democrático de quen goberna, o movemento sindical expresarase mediante mobilizacións, advirten CCOO, UGT e CIG.

UGT, CCOO e CIG convocan mobilizacións de forma conxunta para este xoves 19 (comunicado das centrais sindicais)

Santiago, 16 de xullo de 2012.- Diante das graves medidas que vén de adoptar o Goberno, as tres organizacións sindicais CIG, CCOO e UGT acordamos convocar conxuntamente manifestacións cidadás o vindeiro xoves, día 19 de xullo, nas principais cidades e vilas galegas. Todas elas discurrirán baixo o lema “Non ao saqueo do pobo. Hai que impedir que nos arruínen”. Subliñar que o acto central, ao que acudirán os secretarios xerais dos tres sindicatos, será en A Coruña.

Medidas todas elas dirixidas a recortar, unha vez máis, dereitos e precarizar as condicións de vida e de traballo da maioría social, para que finalmente sexan as clases traballadoras quen paguen unha crise que non provocaron, ao tempo que se protexen e benefician os intereses de banqueiros, especuladores e defraudadores.  

Con ese obxectivo o Goberno impón a diminución da prestación por desemprego a partir dos seis meses do 60 ao 50%, así como, o endurecemento dos requisitos para o acceso á renda activa de inserción; de incrementar os impostos indirectos subindo o tipo xeral do IVE do 18 ao 21% e o reducido do 8 ao10%; de suprimir a paga extra de Nadal das empregadas e empregados públicos e a súa negociación colectiva; de reducir as empresas e fundacións públicas; de delimitar a prestación de servizos por parte dos concellos, reforzando a cambio as deputacións; de liberalizar o sector servizos ou flexibilizar os horarios comerciais; ou privatizar os sectores de transporte ferroviario, portuario e aeroportos, entre outras.

Por iso, facemos un chamamento a que, masivamente, a cidadanía galega poña de manifesto na rúa o seu rexeitamento, tanto a estas políticas antisociais promovidas polo PP, como aos argumentos empregados para defendelos e a forma de escenificalos.

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Solidariedade coa mineiría do carbón

Como todos sabedes, as familias vencelladas ao sector da mineiría extractora de carbón están a pasar por uns momentos moi complicados. O inminente desmantelamento do sector e a pechazón do goberno a negociar levou á maioría dos seus traballadores a  tomar a decisión nunca doada de ir á folga indefinida. Isto quer dicir que esa xente está a perder salarios enteiros, todo para garantir que as zonas mineiras sigan a ter futuro e xere postos de traballo.

Para calquera familia é inasumíbel non ter ingresos durante un tempo prolongado, por iso creouse unha caixa de resistencia solidaria. Trátase dunha conta corrente onde calquera pode ingresar os cartos que desexe para axudar a esta xente. Nin que dicir ten que todo o recadado destinarase integramente aos compañeiros en folga.

Deixámosvos os datos da conta:

Conta: 0182 – 2370 – 43 – 0201528433

Entidade: BBVA

NON AO PECHE DA MINEIRÍA DO CARBÓN

SI Á REACTIVACIÓN DAS COMARCAS MINEIRAS