Como xa semella tradición nas xornadas de folga xeral, a guerra de datos entre sindicatos, goberno e patroais é algo que despista á maioría de nós. Aquí, debemos ter en conta a complexidade á hora de calcular ese dato.
Os comités de cada empresa adoitan remitirllo a cadansúa central sindical, pero nin o fan todos os comités (e menos no propio día de folga) nin todas as empresas contan con este organismo (nin moitas menos).
O mesmo pasa cos datos empresariais. Suponse que as patroais reciben datos dos departamentos de RR.HH., pero isto semella acontecer aínda menos que a devandita comunicación entre comités e sindicatos.
Pola súa banda, os gobernos autonómicos envían ao goberno central os seus datos de folga, pero estas baséanse en meras estimacións sen base sólida.
Como derradeira apreciación neste preámbulo, está claro que en todas as partes existe un interese á hora de comunicar a porcentaxe de seguimento das folgas, sobre todo a nivel gubernamental (pois as folgas xerais sempre son en contra das súas políticas).
Entón, como podemos saber con algunha certeza cal foi o seguimento real da folga xeral do 14 de novembro? Todas as partes coinciden na importancia do consumo enerxético para achegarnos á verdade.
A Red Eléctrica de España (REE), empresa adicada en exclusividade ao transporte de enerxía eléctrica e operación de sistemas eléctricos, arroxou o dato final dunha deminución do consumo total de ao redor do 20%. Sobre este dato, goberno e patroal falaron dunha folga de intensidade "media-baixa" (algunhas fontes destes organismos situaban o seguimento da folga ao redor do 23%).
Pero o dato de consumo de enerxía da REE baséase no consumo total enerxético, cando nas folgas débese medir o nivel de carácter produtivo, xa que a enerxía doméstica medra exponencialmente por estaren os fogares "funcionando" a pleno rendemento (e non imos entrar xa no feito de que varios concellos gobernados polo Partido Popular tiñan as farolas funcionando ata ben entrada a tarde, coma no caso da Coruña).
Economistas Frente a la Crisis fan unha medición sobre os datos de consumo enerxético produtivo que, ao final do día de onte, computaba unha caida total do 66.8%. Isto quere dicir que o seguimento da folga foi bastante superior a esta porcentaxe xa que, por poucos traballadores que haxa, certas máquinas e alumbrado xeral das empresas funcionan sempre. De feito, se aplicamos a mesma relación que goberno e patroal manteñen entre os datos de consumo enerxético total e asistencia, daríanos que o 76,82% da masa laboral do Estado terían secundado a folga.
Aínda así, como non todas as empresas teñen un mesmo gasto enerxético por traballador, para nos facer unha idea do apoio á folga xeral o máis axustada á realidade posíbel, é recomendábel ter presente a participación nas manifestacións convocadas ese día.
Enlaces de interese:
http://economistasfrentealacrisis.wordpress.com/2012/11/13/14n-indicador-de-economistas-frente-a-la-crisis-de-seguimiento-de-la-huelga-general/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/11/14/huelga-14-n-farolas-encendidas-coruna-durante-manifestacion/00031352911398565408830.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz
jueves, 15 de noviembre de 2012
lunes, 1 de octubre de 2012
jueves, 26 de julio de 2012
Cómo utilizar el discurso de austeridad en política para dar un pucherazo electoral
La reducción de los 75 escaños del Parlamento gallego en los términos esbozados por Feijoo
podría abrir una brecha en favor del PP respecto a la suma de diputados
de PSdeG y BNG. La extrapolación de los resultados de las autonómicas
del 2009 a una Cámara de 61 escaños, que es el escenario que manejan los
populares, demuestra que el grupo mayoritario ampliaría a tres diputados la diferencia sobre la suma de socialistas y nacionalistas. El PP, que ahora tiene 38 actas, se quedaría con 32. El PSdeG pasaría de 25 a 19; y el BNG, de 12 a 10. El recorte de 14 diputados restaría 6 al PP, por 8 a la suma de socialistas (6) y nacionalistas (2).
Esta proyección del reparto de escaños en un
Parlamento de 61 se ha realizado aplicando los criterios de la ley
electoral en vigor, que asigna 10 actas a cada una de las cuatro provincias y
distribuye el resto en función de la población. Con esta regla, los 14
escaños que se restarían a los 75 actuales modificarían el peso de las
cuatro circunscripciones de forma que las dos provincias del eje
atlántico perderían cinco diputados cada una; y las dos menos pobladas,
dos. A Coruña quedaría con 19 escaños; Lugo, con 13; Ourense, con 12; y
Pontevedra, con 17.
De este modo, la reducción del número de
diputados encarecería el escaño en las provincias con mayor población,
por lo que aumentaría ese desequilibrio. Con la distribución actual,
obtener un diputado por A Coruña requiere el doble de votos que por
Ourense. Con una Cámara autónoma de 61, esa diferencia se ensancharía
todavía más. A Ourense le tocaría un escaño por cada 27.700 habitantes,
mientras que en la provincia de A Coruña sería por cada 60.300.
Esto es lo que provoca el rechazo con el que los grupos de la oposición han recibido un anuncio de Feijoo en
el que aprecian un sesgo a la medida de los intereses del PP. El más
expresivo ayer en dejar constancia de esos recelos fue el portavoz
nacional del BNG. Guillerme Vázquez acusó al presidente de la Xunta de pretender ganar los próximos comicios autonómicos «cun pucheirazo». Recriminó que, además de un golpe de efecto con el que pretende «desviar a atención» de su «falla de xestión»,
con la reforma de la ley electoral necesaria para reducir el número de
diputados el jefe del Ejecutivo busca amarrar el triunfo en las urnas «cun penalti mal pitado e no último minuto».
La responsable de política institucional del PSdeG, Laura Seara, ve en la propuesta de Feijoo una «cortina de fume»
para alejar el foco de los recortes en los derechos sociales y
laborales, que afectan con más intensidad a desempleados, jóvenes y
pensionistas. Seara, que apuntó que «o problema deste país non son os deputados nin os concelleiros», equiparó el anuncio del presidente de la Xunta al vuelco anunciado por el ministro Ruiz-Gallardón en la ley de interrupción del embarazo. «Están cunha estratexia para non falar dos problemas dos cidadáns».
Con todo, señaló que el PSdeG no se niega a entrar en el debate sobre
la reducción de escaños en O Hórreo, aunque supeditó cualquier
valoración a que Feijoo concrete sus intenciones en una «proposta seria».
Esa petición de los socialistas tendrá respuesta
en breve. El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, dejó claro que la
medida va en serio, si bien no está claro que los populares tengan
intención de meterle la tijera a la Cámara de cara a las próximas
elecciones gallegas. Puy anticipó la remisión «con carácter inmediato»
para que los grupos «dean a súa opinión». Defendió que basta extrapolar cualquiera de los últimos resultados electorales para comprobar que «o
Parlamento non vai perder pluralidade, nin afecta aos resultados,
porque, en definitiva, a pluralidade depende dos votos dos cidadáns».
Frente a las quejas expresadas por los portavoces de la oposición, que
objetan que el recorte socava la representatividad, Puy recordó que el
Estatuto permite una Cámara de 60 a 80 diputados. Resolvió que Feijoo
pretende transmitir con su propuesta el mismo mensaje a los ciudadanos
que con el resto de las reformas para aligerar la Administración.
Apoya la carta abierta a Montoro para conseguir una fiscalidad justa
Pedimos a Cristóbal Montoro que, si no sabe dónde está el gran fraude
fiscal, si no sabe dónde están escondidos los patrimonios
multimillonarios que no tributan, si desconoce los mecanismos que las
grandes empresas utilizan para pagar menos impuestos, lo deje en
nuestras manos porque creemos que ¡sabemos dónde encontrarlo!
“¿Cómo va a gravar usted a las grandes fortunas si están ocultas? [...] Voy a gravar las fortunas que están ocultas. Y yo también, Cuando me diga dónde están, cuando diga la inspección de Hacienda dónde están. (Aplausos)." Cristóbal Montoro. 19 de Julio de 2012. Congreso de los Diputados.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, máximo responsable político de la lucha contra el fraude fiscal en España, afirmó que no sabe donde están las grandes fortunas ocultas y, en consecuencia, no puede hacer que tributen. Se declara, por tanto, incompetente para luchar contra el fraude fiscal.
Desde la Plataforma para una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, le decimos a Cristóbal Montoro que, si no sabe dónde está el gran fraude fiscal, si no sabe dónde están escondidos los patrimonios multimillonarios que no tributan, si desconoce los mecanismos que las grandes empresas utilizan para pagar menos impuestos, lo deje en nuestras manos porque creemos que ¡sabemos dónde encontrarlo!
Nuestro plan para luchar contra este fraude, que supone entre el 20 y el 25% del PIB de economía sumergida -unos 90.000 millones de euros, casi el doble del total de los recortes comprometidos por el actual Gobierno- ¡no consiste en una amnistía fiscal!
Nuestro plan:
• Parte de la base de que el 72% del fraude fiscal español lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas, y • Sabe que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal ¡se recuperan 9 euros!
Nuestro plan se basa en tres pilares:
• La lucha contra el fraude de las grandes fortunas: reclamamos acabar con las SICAV y reformar el Impuesto de Patrimonio, no solo para hacerlo progresivo y redistributivo, sino para que también sea útil para descubrir todo tipo de fraude relacionado con los incrementos patrimoniales.
• La lucha contra el fraude de las grandes empresas: reclamamos que se reforme el Impuesto de Sociedades para acabar con la existencia de complejos mecanismos que permiten, únicamente, que “los que ganan más paguen menos”.
• Reclamar una lucha global, internacional y coordinada, contra la evasión y los paraísos fiscales. Recordemos que el 86% de las empresas del Ibex 35, las más poderosas del Estado, operan en estos paraísos. Por todo ello reclamamos que, de manera inmediata:
No podemos seguir perdiendo el tiempo con un ministro que, o no sabe dónde está el fraude, o no tiene ninguna voluntad política de hacerle frente.
Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria.
Enlace para votar
“¿Cómo va a gravar usted a las grandes fortunas si están ocultas? [...] Voy a gravar las fortunas que están ocultas. Y yo también, Cuando me diga dónde están, cuando diga la inspección de Hacienda dónde están. (Aplausos)." Cristóbal Montoro. 19 de Julio de 2012. Congreso de los Diputados.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, máximo responsable político de la lucha contra el fraude fiscal en España, afirmó que no sabe donde están las grandes fortunas ocultas y, en consecuencia, no puede hacer que tributen. Se declara, por tanto, incompetente para luchar contra el fraude fiscal.
Desde la Plataforma para una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, le decimos a Cristóbal Montoro que, si no sabe dónde está el gran fraude fiscal, si no sabe dónde están escondidos los patrimonios multimillonarios que no tributan, si desconoce los mecanismos que las grandes empresas utilizan para pagar menos impuestos, lo deje en nuestras manos porque creemos que ¡sabemos dónde encontrarlo!
Nuestro plan para luchar contra este fraude, que supone entre el 20 y el 25% del PIB de economía sumergida -unos 90.000 millones de euros, casi el doble del total de los recortes comprometidos por el actual Gobierno- ¡no consiste en una amnistía fiscal!
Nuestro plan:
• Parte de la base de que el 72% del fraude fiscal español lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas, y • Sabe que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal ¡se recuperan 9 euros!
Nuestro plan se basa en tres pilares:
• La lucha contra el fraude de las grandes fortunas: reclamamos acabar con las SICAV y reformar el Impuesto de Patrimonio, no solo para hacerlo progresivo y redistributivo, sino para que también sea útil para descubrir todo tipo de fraude relacionado con los incrementos patrimoniales.
• La lucha contra el fraude de las grandes empresas: reclamamos que se reforme el Impuesto de Sociedades para acabar con la existencia de complejos mecanismos que permiten, únicamente, que “los que ganan más paguen menos”.
• Reclamar una lucha global, internacional y coordinada, contra la evasión y los paraísos fiscales. Recordemos que el 86% de las empresas del Ibex 35, las más poderosas del Estado, operan en estos paraísos. Por todo ello reclamamos que, de manera inmediata:
- El Estado español actúe contra las empresas que operan en paraísos fiscales.
- El no reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
- Ningún contrato público, ningún beneficio fiscal, ninguna ayuda pública para las empresas que operan en paraísos fiscales.
No podemos seguir perdiendo el tiempo con un ministro que, o no sabe dónde está el fraude, o no tiene ninguna voluntad política de hacerle frente.
Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria.
Enlace para votar
La cumbre social contra los recortes convoca una marcha hacia Madrid
La plataforma estudia llamar a una 'huelga general ciudadana' que vaya más allá de la protesta en los centros de trabajo
La cumbre social creada hoy (25/07/2012) bajo el auspicio de CCOO y UGT y en la que participan unas 150 organizaciones sociales ha pactado este miércoles convocar para el 15 de septiembre una marcha a Madrid, así como otros actos que podrían desembocar en una huelga general ciudadana. Fuentes sindicales han explicado que estos son algunos de los principales puntos que están consensuando en la citada cumbre.
En lo que respecta a la marcha del 15 de septiembre, la intención es que "centenares de miles de ciudadanos" marchen a Madrid desde todos los rincones de la geografía española. Además de esta acción, las organizaciones quieren que el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre la política de recortes que está aplicando.
Si no lo hiciera, serían las organizaciones de la cumbre social las que llevarían a cabo la consulta popular. De acuerdo con las fuentes sindicales, esta consulta podría convocarse en la segunda quincena de octubre.
Después de estas dos medidas de protesta, así como otras que han de pactarse para agosto, la cumbre decidirá si convoca una huelga general de "carácter ciudadano" que vaya más allá de una protesta sindical en los centros de trabajo, han explicado las fuentes sindicales. Esta huelga se decidirá en una nueva asamblea de la cumbre que podría ser el 6 septiembre.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han presidido esta tarde la constitución de la cumbre social que han auspiciado ambos sindicatos y que tiene como objeto aunar a diferentes organizaciones y asociaciones en el rechazo a la política de recortes del Gobierno y en la defensa de lo público.
Esta nueva plataforma aglutina a unas 150 organizaciones sindicales, de inmigrantes, juristas, futbolistas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, consumidores, del personal sanitario, de la justicia, del ecologismo, del arte y de la dependencia, entre otras. La mesa que dirige esta "cumbre social" está formada por Toxo, Méndez, un miembro del Consejo de la Juventud de España –que representa a la Plataforma en defensa de los servicios públicos y del Estado del bienestar–, de los técnicos de Hacienda (Gestha), de Jueces para la Democracia, de Ecologistas en Acción, de la Unión Progresista de Fiscales y del Sindicato de Arquitectos.
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Gaceta Sindical de CCOO, donde encontrarás información más detallada:
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La Administración aporta el 59% de ingresos en educación privada
MADRID (Reuters) - Más de la mitad de los ingresos de la educación privada en España proceden del dinero público, según datos de 2010 que se conocen en un momento en que el país está viviendo movilizaciones por los recortes gubernamentales a la enseñanza pública.
La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, que sale cada cinco años y que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge que el sector tuvo unos beneficios en el curso 2009/2010 de 674 millones de euros, un 13,1 por ciento más respecto a 2004/5.
Según estos datos, un 58,8 por ciento de los ingresos corrientes que tienen los centros privados procede de la Administración pública - del Estado central y de las regiones -, frente al 37,6% que proviene de las cuotas familiares y el 3,6% de donaciones, asociaciones de padres y otros.
"Las subvenciones van fundamentalmente destinadas a los gastos de personal, profesores, personal de apoyo, comedor, transporte y residencia", dijo Elena Chasco, del INE, en declaraciones recogidas por RTVE.
Los datos corresponden a 2010, antes de que comenzara a cuestionarse la viabilidad de las arcas públicas y de que el Gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder a finales de 2011, planteara unos recortes de 3.000 millones de euros en educación.
En total, los ingresos corrientes que percibieron los centros educativos privados en 2010 se situó en 10.038 millones de euros, algo más de 4.100 euros por alumno.
Para los hogares, la educación privada no universitaria tuvo un coste medio de 1.541 euros por alumno y curso en 2010, frente a los 4,718 euros de un curso universitario.
El INE engloba bajo el término "educación privada" las escuelas privadas concertadas y las no concertadas, pero los datos se refieren mayoritariamente a las primeras.
Por regiones, el País Vasco obtuvo las mayores subvenciones por alumno, cercanas a los 4.000 euros, mientras que Madrid tuvo la más baja, unos 1.700 euros.
Estos datos se conocen después de que el Ministerio de Educación anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a la reducción de personal docente o la subida de la matrícula universitaria.
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La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, que sale cada cinco años y que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge que el sector tuvo unos beneficios en el curso 2009/2010 de 674 millones de euros, un 13,1 por ciento más respecto a 2004/5.
Según estos datos, un 58,8 por ciento de los ingresos corrientes que tienen los centros privados procede de la Administración pública - del Estado central y de las regiones -, frente al 37,6% que proviene de las cuotas familiares y el 3,6% de donaciones, asociaciones de padres y otros.
"Las subvenciones van fundamentalmente destinadas a los gastos de personal, profesores, personal de apoyo, comedor, transporte y residencia", dijo Elena Chasco, del INE, en declaraciones recogidas por RTVE.
Los datos corresponden a 2010, antes de que comenzara a cuestionarse la viabilidad de las arcas públicas y de que el Gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder a finales de 2011, planteara unos recortes de 3.000 millones de euros en educación.
En total, los ingresos corrientes que percibieron los centros educativos privados en 2010 se situó en 10.038 millones de euros, algo más de 4.100 euros por alumno.
Para los hogares, la educación privada no universitaria tuvo un coste medio de 1.541 euros por alumno y curso en 2010, frente a los 4,718 euros de un curso universitario.
El INE engloba bajo el término "educación privada" las escuelas privadas concertadas y las no concertadas, pero los datos se refieren mayoritariamente a las primeras.
Por regiones, el País Vasco obtuvo las mayores subvenciones por alumno, cercanas a los 4.000 euros, mientras que Madrid tuvo la más baja, unos 1.700 euros.
Estos datos se conocen después de que el Ministerio de Educación anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a la reducción de personal docente o la subida de la matrícula universitaria.
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La estrategia privatizadora de la sanidad pública en Castilla - la Mancha
Joseandrés Guijarro Ponce - Con menos de un año en el gobierno castellanomanchego, Mª Dolores (de) Cospedal puede enorgullecerse de haber hecho méritos suficientes para ascender en su carrera dentro del Partido Popular a costa de demostrar repetidamente cómo es la alumna más aventajada en el perverso arte de vender a los ciudadanos que le otorgaron su confianza a cambio de beneficios personales, tanto económicos como políticos. En este intento por demostrar ser la Presidenta regional a la que menos le tiembla la mano al adoptar medidas contrarias a los intereses de la ciudadanía por favorecer los distintos lobbies de poder que manejan las riendas del poder político, nuestra Presidenta ha aventajado con diferencia a sus compañeros en muchos terrenos, uno de ellos el de la privatización de la sanidad.
En pocos meses de gobierno ha dejado establecidas las bases para ir más allá de lo que han osado en varios años sus compañeros de Madrid o Valencia. En los próximos meses tendrá preparados los trámites legales para llevar a cabo lo que otros no se habían atrevido, vender a precio de saldo los hospitales públicos más modernos del SESCAM que ya hemos pagado todos con nuestros impuestos para después volver a pagar un canon anual por sus servicios sanitarios. Inmediatamente vendrá la continuación de la construcción o ampliación, también iniciadas con dinero público, de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara mediante el llamado “modelo Alzira” extendido en la Comunidad Valenciana y recientemente importado también a la de Madrid.
Con la excusa de la crisis financiera, el déficit autonómico, la escasa “rentabilidad económica” de los nuevos hospitales construidos por el SESCAM o la incapacidad de las arcas públicas para acometer nuevas infraestructuras sanitarias, el proyecto de Cospedal en Castilla - la Mancha no es otro que adelantar por la derecha en la carrera de desmantelar el sistema público de salud para saciar la voracidad de las grandes entidades financieras que llevan décadas detrás de hincarle el diente al gran pastel que suponen los sistemas nacionales de salud de la vieja Europa. No es una carrera nueva y desde los años 90 tanto PP como PSOE han colaborado en esa siniestra andadura, pero ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída del negocio de las infraestructuras públicas, estos mismos inversores necesitan una mayor agilidad en el proceso de privatización de lo servicios públicos, el siguiente filón donde seguir enriqueciéndose a costa de nuestros derechos. Y nuestra Presidenta está dispuesta a ser la más servicial en proporcionarles esa carnaza.
Este proceso, decidido ya antes de las elecciones aunque no se mencionase nada de ello en el programa electoral, está siendo llevado a cabo ya por una asesoría multinacional, la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC), encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Jaume Matas, ex-Presidente balear y ex-Ministro de Medio Ambiente y actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, prevaricación,…. o el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
Pricewaterhousecoopers está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este país a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directo de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción bajo el “modelo Alzira” del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como “lo peor de lo peor”.
Aunque los pliegos de condiciones que elabore PWC tendrán todo el formalismo de un concurso público, pocos dudan ya de que uno de los mayores beneficiarios de este regalo será Capio Sanidad, entre cuyos cargos podemos encontrar a Teresa Echániz Salgado, hermana del Consejero de Sanidad José Ignacio Echániz Salgado, o a Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores (de) Copedal y, entre otras hazañas, uno de los principales responsables de la quiebra de CCM o miembro del Consejo de administración de Vértice 360, grupo privado de comunicación beneficiario de la mayoría de adjudicaciones de la privatización de los servicios informativos de Castilla - la Mancha Televisión (CMT). Encontramos también entre sus cargos directivos a otro ex-Consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, y entre sus principales accionistas y mano en la sombra de toda la trama a Rodrigo Rato, ex-Ministro de Economía, ex-Presidente del Gobierno, ex-Director del FMI y actual Presidente de Bankia. No por casualidades de la vida fue precisamente PWC la encargada de gestionar la fusión de Caja Madrid y Bancaixa en Bankia, convirtiéndose así ésta, junto con el Banco Sabadell (al que se le regaló la CAM tras ser rescatada con fondos públicos tras su quiebra) en los principales propietarios (junto con varias empresas constructoras y aseguradoras privadas de salud) del Grupo Ribera Salud, beneficiario de las concesiones de todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat Valenciana (Ribera, Manises, Denia, Vinalopó, Torrevieja,…) del Hospital Xeral de Vigo, del Hospital de Torrejón o del Laboratrio Central de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado mes de noviembre se dió como inminente la venta por 110 millones de euros de todo el entramado parásito de Ribera Salud a Capio Sanidad a quien se concedió la negociación en exclusiva, gestionada de nuevo, sorpréndase, por Pricewaterhousecoopers. Las noticias en los últimos días, sin embargo, apuntan que la oscura situación financiera de la trama sanitaria y desconfianzas mutuas han roto la negociación, entrando en la puja otros inversores privados que hace cuatro meses fueron descartados como Atitlan, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Precisamente Atitlan apunta como otro de los grandes interesados, junto a Capio Sanidad, en el negocio redondo de los hospitales “no rentables” de Castilla- la Mancha.
Enlace a la noticia
En pocos meses de gobierno ha dejado establecidas las bases para ir más allá de lo que han osado en varios años sus compañeros de Madrid o Valencia. En los próximos meses tendrá preparados los trámites legales para llevar a cabo lo que otros no se habían atrevido, vender a precio de saldo los hospitales públicos más modernos del SESCAM que ya hemos pagado todos con nuestros impuestos para después volver a pagar un canon anual por sus servicios sanitarios. Inmediatamente vendrá la continuación de la construcción o ampliación, también iniciadas con dinero público, de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara mediante el llamado “modelo Alzira” extendido en la Comunidad Valenciana y recientemente importado también a la de Madrid.
Con la excusa de la crisis financiera, el déficit autonómico, la escasa “rentabilidad económica” de los nuevos hospitales construidos por el SESCAM o la incapacidad de las arcas públicas para acometer nuevas infraestructuras sanitarias, el proyecto de Cospedal en Castilla - la Mancha no es otro que adelantar por la derecha en la carrera de desmantelar el sistema público de salud para saciar la voracidad de las grandes entidades financieras que llevan décadas detrás de hincarle el diente al gran pastel que suponen los sistemas nacionales de salud de la vieja Europa. No es una carrera nueva y desde los años 90 tanto PP como PSOE han colaborado en esa siniestra andadura, pero ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída del negocio de las infraestructuras públicas, estos mismos inversores necesitan una mayor agilidad en el proceso de privatización de lo servicios públicos, el siguiente filón donde seguir enriqueciéndose a costa de nuestros derechos. Y nuestra Presidenta está dispuesta a ser la más servicial en proporcionarles esa carnaza.
Este proceso, decidido ya antes de las elecciones aunque no se mencionase nada de ello en el programa electoral, está siendo llevado a cabo ya por una asesoría multinacional, la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC), encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Jaume Matas, ex-Presidente balear y ex-Ministro de Medio Ambiente y actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, prevaricación,…. o el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
Pricewaterhousecoopers está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este país a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directo de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción bajo el “modelo Alzira” del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como “lo peor de lo peor”.
Aunque los pliegos de condiciones que elabore PWC tendrán todo el formalismo de un concurso público, pocos dudan ya de que uno de los mayores beneficiarios de este regalo será Capio Sanidad, entre cuyos cargos podemos encontrar a Teresa Echániz Salgado, hermana del Consejero de Sanidad José Ignacio Echániz Salgado, o a Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores (de) Copedal y, entre otras hazañas, uno de los principales responsables de la quiebra de CCM o miembro del Consejo de administración de Vértice 360, grupo privado de comunicación beneficiario de la mayoría de adjudicaciones de la privatización de los servicios informativos de Castilla - la Mancha Televisión (CMT). Encontramos también entre sus cargos directivos a otro ex-Consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, y entre sus principales accionistas y mano en la sombra de toda la trama a Rodrigo Rato, ex-Ministro de Economía, ex-Presidente del Gobierno, ex-Director del FMI y actual Presidente de Bankia. No por casualidades de la vida fue precisamente PWC la encargada de gestionar la fusión de Caja Madrid y Bancaixa en Bankia, convirtiéndose así ésta, junto con el Banco Sabadell (al que se le regaló la CAM tras ser rescatada con fondos públicos tras su quiebra) en los principales propietarios (junto con varias empresas constructoras y aseguradoras privadas de salud) del Grupo Ribera Salud, beneficiario de las concesiones de todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat Valenciana (Ribera, Manises, Denia, Vinalopó, Torrevieja,…) del Hospital Xeral de Vigo, del Hospital de Torrejón o del Laboratrio Central de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado mes de noviembre se dió como inminente la venta por 110 millones de euros de todo el entramado parásito de Ribera Salud a Capio Sanidad a quien se concedió la negociación en exclusiva, gestionada de nuevo, sorpréndase, por Pricewaterhousecoopers. Las noticias en los últimos días, sin embargo, apuntan que la oscura situación financiera de la trama sanitaria y desconfianzas mutuas han roto la negociación, entrando en la puja otros inversores privados que hace cuatro meses fueron descartados como Atitlan, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Precisamente Atitlan apunta como otro de los grandes interesados, junto a Capio Sanidad, en el negocio redondo de los hospitales “no rentables” de Castilla- la Mancha.
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viernes, 20 de julio de 2012
El tijeretazo a las prestaciones por desempleo
Artigo interesante de Enrique Negueruela, columnista e colaborador en diferentes medios de comunicación:
Desde hace tiempo se veía venir que iban a meter la tijera en prestaciones. El hecho de presupuestar este año por debajo de lo gastado en 2011 era una clara premonición. De todas formas nunca llegué a pensar que fuera de una forma tan brutal, haciendo especial saña en los más desprotegidos y con mayores dificultades de encontrar trabajo.
Oír a Fabra gritar “Que se jodan” y al grupo parlamentario del PP aplaudir, al tiempo que Rajoy decía que recortaba las prestaciones para "animar la búsqueda activa de trabajo" de los nuevos perceptores de prestaciones, es una de las mayores indignidades que he conocido. Si encima el recorte que se anuncia en el Congreso, es solo la punta del iceberg del que se realiza, la indignidad es mucho mayor.
En primer lugar el PP ha cambiado el concepto mismo de subsidio. Desde 2007 era una cuantía mínima para subsistir quienes carecían de trabajo y habían agotado la prestación, no habían alcanzado el año de cotización o pertenecían a determinados colectivos, emigrantes retornados, liberados de prisiones, etc. Ahora tiene otra consideración.
Cuando una persona pierde un trabajo a tiempo parcial o agota su prestación parcial, sus necesidades mínimas no son parcializables. Por ello el subsidio tampoco lo era y percibía 426 euros fuera cual fuese el porcentaje de prestación o de trabajo. Rajoy ha decidido que esas necesidades mínimas a atender con 426 euros, sí lo pueden ser. Si el trabajo o la prestación eran a tiempo parcial, un 50% o un 60%, ahora el subsidio cubrirá solamente el 50% o el 60% de esas necesidades mínimas, serán 213 euros o 255,6. Para hacernos una idea, desde 2008 los contratos a tiempo parcial han pasado de representar el 23% de los contratos temporales registrados a suponer el 32%, afectando esta parcialidad especialmente a las mujeres, entre quienes suponen el 42%. Todos ellos verán reducido el subsidio al que puedan acceder en el mismo porcentaje en que vieron reducido su contrato de trabajo. Hablo de contrato de trabajo porque su trabajo es más que probable que fuera a tiempo completo o de más horas. En lo que va de año se han registrado 1.910.190 contratos temporales a tiempo parcial, de los que 1.135.823 corresponden a mujeres. Esta afectación a las mujeres fue lo que llevó a su modificación por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Su ataque ha sido especialmente virulento con los parados de más edad. Ha eliminado el subsidio especial para los mayores de 45 años y modificado el que era para mayores de 52 años, subiéndolo hasta los 55 años. Pero no se ha quedado ahí. Ha modificado los requisitos para solicitarlo. Hasta ahora cuando un parado cumplía la edad, lo solicitaba. A partir de esta modificación, deberá tener esa edad al agotar una prestación o cuando pueda solicitar un subsidio después de un trabajo. Veremos a parados que no están cobrando ninguna prestación y que cuando cumplan cincuenta y cinco años, tendrán todos los requisitos para cobrarlo pero no lo podrán solicitar. Necesitarán tener derecho a un nuevo subsidio, que previsiblemente será por no tener cumplido el periodo mínimo para una prestación contributiva. Cuando una persona de 45 o más años pierde su empleo, le resulta mucho más difícil reintegrarse al mercado laboral. La edad pesa como una losa. Por ello mientras los parados entre 45 y 55 años suponen el 23% del total de parados, ese porcentaje se incrementa hasta el 33% si miramos aquello con más de dos años en paro. Solo desde una perspectiva de restringir el gasto aunque se asuma la injusticia, puede mantenerse esta modificación. Además, esta reforma reduce la base de cotización a jubilación de este subsidio. Ahora cotizaba por el 125% de la base mínima, a partir de ahora será solamente la base mínima.
En relación con la prestación contributiva por desempleo se producen dos regresiones importantes. La primera de ellas tiene que ver con la aportación de los trabajadores a las contingencias comunes. Se establece que aportarán el 100% de la cuota del trabajador, el 4,70%. Esto que a primera vista parece equiparar a los parados con las cotizaciones de los demás trabajadores, en realidad lo que hace es alejarlos. Todos los trabajadores cotizamos por lo que cobramos. Si cobramos 1.000 euros, cotizamos 47 euros por contingencias comunes. En el caso de los parados esto no es así. Perciben el 70% o el 50% de su base reguladora que es por la que se cotiza. Si cobra 700 euros, su cotización es de 47 euros, si está en el tramo del 70%. Ello hace que su tipo real de cotización sea del 6,71% en el primer tramo o del 9,40% si está en el tramo del 50%. Para evitar esto, hasta ahora el Servicio Público de Empleo abonaba el 35% de la aportación del trabajador, con lo que se igualaba con todos los trabajadores.
La segunda es la disminución desde el 60% de la base reguladora al 50% durante los últimos dieciocho meses de prestación. Esta rebaja carece de cualquier explicación. Podría deberse a la insuficiencia de la recaudación de las cuotas por desempleo. Esta insuficiencia se debería solventar incrementándolas según la modalidad de contratación. Las modalidades de contratación temporal tienen un coste en prestaciones muy superior a la diferencia de cotizaciones, que es de 1,25 puntos a tiempo completo y de 2,25 a tiempo parcial. Aumentar esa diferencia, además de aproximar los costes de una y otra modalidad de contratación a la realidad debería permitir recaudar lo suficiente para no tener que disminuir la prestación. Actualmente los contratos temporales están incentivados en las cotizaciones a desempleo sobre los indefinidos dado que absorben parte de sus cotizaciones. Una medida de desincentivación incrementando en dos o tres puntos la cotización por desempleo forzaría a adecuar más las modalidades a las circunstancias de los empleos.
Otro aspecto que parece olvidar el PP, es que las prestaciones son salarios substitutorios. Es de lo que se come. De tener esto mínimamente presente, no establecería que se podrá suspender su abono ante indicios de fraude. No es solo la seguridad jurídica lo que está en juego, sino la subsistencia de las personas. Esta modificación forma parte de la cultura que afirma que ante una duda en el reconocimiento de una prestación, la salida es denegarla y que sea el juez quien la apruebe. Un gestor, ante una duda, debe solucionarla y proceder después en consecuencia. No se puede resolver con dudas y la denegación es una resolución.
El importe total que se pretende obtener del recorte de prestaciones es de 13.756 millones de euros en tres años, al mismo tiempo que se le condonan 5 mil millones a las empresas en cotizaciones. No parece repartir el esfuerzo de forma equilibrada.
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El tijeretazo a las prestaciones por desempleo
Desde hace tiempo se veía venir que iban a meter la tijera en prestaciones. El hecho de presupuestar este año por debajo de lo gastado en 2011 era una clara premonición. De todas formas nunca llegué a pensar que fuera de una forma tan brutal, haciendo especial saña en los más desprotegidos y con mayores dificultades de encontrar trabajo.
Oír a Fabra gritar “Que se jodan” y al grupo parlamentario del PP aplaudir, al tiempo que Rajoy decía que recortaba las prestaciones para "animar la búsqueda activa de trabajo" de los nuevos perceptores de prestaciones, es una de las mayores indignidades que he conocido. Si encima el recorte que se anuncia en el Congreso, es solo la punta del iceberg del que se realiza, la indignidad es mucho mayor.
En primer lugar el PP ha cambiado el concepto mismo de subsidio. Desde 2007 era una cuantía mínima para subsistir quienes carecían de trabajo y habían agotado la prestación, no habían alcanzado el año de cotización o pertenecían a determinados colectivos, emigrantes retornados, liberados de prisiones, etc. Ahora tiene otra consideración.
Cuando una persona pierde un trabajo a tiempo parcial o agota su prestación parcial, sus necesidades mínimas no son parcializables. Por ello el subsidio tampoco lo era y percibía 426 euros fuera cual fuese el porcentaje de prestación o de trabajo. Rajoy ha decidido que esas necesidades mínimas a atender con 426 euros, sí lo pueden ser. Si el trabajo o la prestación eran a tiempo parcial, un 50% o un 60%, ahora el subsidio cubrirá solamente el 50% o el 60% de esas necesidades mínimas, serán 213 euros o 255,6. Para hacernos una idea, desde 2008 los contratos a tiempo parcial han pasado de representar el 23% de los contratos temporales registrados a suponer el 32%, afectando esta parcialidad especialmente a las mujeres, entre quienes suponen el 42%. Todos ellos verán reducido el subsidio al que puedan acceder en el mismo porcentaje en que vieron reducido su contrato de trabajo. Hablo de contrato de trabajo porque su trabajo es más que probable que fuera a tiempo completo o de más horas. En lo que va de año se han registrado 1.910.190 contratos temporales a tiempo parcial, de los que 1.135.823 corresponden a mujeres. Esta afectación a las mujeres fue lo que llevó a su modificación por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Su ataque ha sido especialmente virulento con los parados de más edad. Ha eliminado el subsidio especial para los mayores de 45 años y modificado el que era para mayores de 52 años, subiéndolo hasta los 55 años. Pero no se ha quedado ahí. Ha modificado los requisitos para solicitarlo. Hasta ahora cuando un parado cumplía la edad, lo solicitaba. A partir de esta modificación, deberá tener esa edad al agotar una prestación o cuando pueda solicitar un subsidio después de un trabajo. Veremos a parados que no están cobrando ninguna prestación y que cuando cumplan cincuenta y cinco años, tendrán todos los requisitos para cobrarlo pero no lo podrán solicitar. Necesitarán tener derecho a un nuevo subsidio, que previsiblemente será por no tener cumplido el periodo mínimo para una prestación contributiva. Cuando una persona de 45 o más años pierde su empleo, le resulta mucho más difícil reintegrarse al mercado laboral. La edad pesa como una losa. Por ello mientras los parados entre 45 y 55 años suponen el 23% del total de parados, ese porcentaje se incrementa hasta el 33% si miramos aquello con más de dos años en paro. Solo desde una perspectiva de restringir el gasto aunque se asuma la injusticia, puede mantenerse esta modificación. Además, esta reforma reduce la base de cotización a jubilación de este subsidio. Ahora cotizaba por el 125% de la base mínima, a partir de ahora será solamente la base mínima.
En relación con la prestación contributiva por desempleo se producen dos regresiones importantes. La primera de ellas tiene que ver con la aportación de los trabajadores a las contingencias comunes. Se establece que aportarán el 100% de la cuota del trabajador, el 4,70%. Esto que a primera vista parece equiparar a los parados con las cotizaciones de los demás trabajadores, en realidad lo que hace es alejarlos. Todos los trabajadores cotizamos por lo que cobramos. Si cobramos 1.000 euros, cotizamos 47 euros por contingencias comunes. En el caso de los parados esto no es así. Perciben el 70% o el 50% de su base reguladora que es por la que se cotiza. Si cobra 700 euros, su cotización es de 47 euros, si está en el tramo del 70%. Ello hace que su tipo real de cotización sea del 6,71% en el primer tramo o del 9,40% si está en el tramo del 50%. Para evitar esto, hasta ahora el Servicio Público de Empleo abonaba el 35% de la aportación del trabajador, con lo que se igualaba con todos los trabajadores.
La segunda es la disminución desde el 60% de la base reguladora al 50% durante los últimos dieciocho meses de prestación. Esta rebaja carece de cualquier explicación. Podría deberse a la insuficiencia de la recaudación de las cuotas por desempleo. Esta insuficiencia se debería solventar incrementándolas según la modalidad de contratación. Las modalidades de contratación temporal tienen un coste en prestaciones muy superior a la diferencia de cotizaciones, que es de 1,25 puntos a tiempo completo y de 2,25 a tiempo parcial. Aumentar esa diferencia, además de aproximar los costes de una y otra modalidad de contratación a la realidad debería permitir recaudar lo suficiente para no tener que disminuir la prestación. Actualmente los contratos temporales están incentivados en las cotizaciones a desempleo sobre los indefinidos dado que absorben parte de sus cotizaciones. Una medida de desincentivación incrementando en dos o tres puntos la cotización por desempleo forzaría a adecuar más las modalidades a las circunstancias de los empleos.
Otro aspecto que parece olvidar el PP, es que las prestaciones son salarios substitutorios. Es de lo que se come. De tener esto mínimamente presente, no establecería que se podrá suspender su abono ante indicios de fraude. No es solo la seguridad jurídica lo que está en juego, sino la subsistencia de las personas. Esta modificación forma parte de la cultura que afirma que ante una duda en el reconocimiento de una prestación, la salida es denegarla y que sea el juez quien la apruebe. Un gestor, ante una duda, debe solucionarla y proceder después en consecuencia. No se puede resolver con dudas y la denegación es una resolución.
El importe total que se pretende obtener del recorte de prestaciones es de 13.756 millones de euros en tres años, al mismo tiempo que se le condonan 5 mil millones a las empresas en cotizaciones. No parece repartir el esfuerzo de forma equilibrada.
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Medidas que afectan á prestación por desemprego
Aquí deixámosvos un resumo explicativo das medidas adoptadas polo goberno de Mariano Rajoy, só co apoio dos seus deputados, que afectan á prestación por desemprego.
Queren arruinar o país
Aquí deixámosvos a Gaceta Sindical que elabora CC.OO. co tema dos recortes de Rajoy e a resposta cidadá e sindical que está a acontecer.
As mobilizacións continuarán
Aquí deixámosvos o comunicado das tres principais centrais sindicais de Galicia logo das multitudinarias manifestacións de onte:
A cidadanía mobilizouse de xeito masivo en dez localidades galegas
Máis de 350.000 galegos e galegas claman na rúa contra o «saqueo» que representan os recortes do Goberno do PP
As manifestacións máis multitudinarias en Galicia nos últimos anos
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2012.- Esta tarde, máis de 350.000
persoas participaron en dez manifestacións por todo o territorio galego. De
xeito unitario e masivo clamaron contra o «saqueo» que representan os últimos
recortes aprobados polo Goberno central, en mans do PP, que agravan os efectos
dos impostos semanas e meses atrás.
Na Coruña, en Ferrol, en Santiago de Compostela, en Burela, en Lugo, en
Ourense, no Barco de Valdeorras, en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra e en
Vigo sentiuse o clamor unánime da maioría social deste país. Nesta xornada de
mobilización, os secretarios xerais dos tres sindicatos participaron na marcha
que partiu da coruñesa praza da Palloza, na que foi unha das mobilizacións máis
multitudinarias que se lembran.
Desde a cidade herculina, os dirixentes sindicais denunciaron, unha vez
máis, o «saqueo» que supón para a clase traballadora o novo paquete de medidas,
que cualificaron tamén de «insolidarias», «inxustificadas» e «inxustas».
Advertiron tamén de que este plan de recortes, especialmente lesivo para quen
menos ten, non vai quedar sen resposta.
Para CIG, CCOO e UGT, o «programa oculto» do PP, agora por fin revelado,
ten como obxectivo eliminar dereitos, deteriorar os servizos públicos e
precarizar e desregular o máis posible as condicións de vida e de traballo. Por
iso aprobaron a diminución da prestación por desemprego a partir dos seis meses
do 60 ao 50%, así como o endurecemento dos requisitos para o acceso á renda
activa de inserción ou a suba do tipo xeral do IVE do 18 ao 21% e do reducido
do 8 ao 10%.
Na mesma liña van a supresión da paga extra de Nadal das empregadas e
empregados públicos e da súa negociación colectiva; a redución das empresas e fundacións
públicas; a delimitación da prestación de servizos por parte dos concellos,
reforzando a cambio as deputacións; a liberalización do sector dos servizos e
flexibilización dos horarios comerciais e a privatización dos sectores de
transporte ferroviario, portuario e aeroportos, entre outras. Mentres iso
sucede, os auténticos responsables da crise vense beneficiados por amnistías
fiscais e políticas favorables aos seus intereses.
Aproveitando a súa maioría absoluta tanto en Galicia como no Estado, o PP
estase limitando a gobernar a golpe de decreto. Néganse ao diálogo e converten
as mesas e espazos legais de negociación en simples trámites informativos. Ante
a ausencia de talante democrático de quen goberna, o movemento sindical
expresarase mediante mobilizacións, advirten CCOO, UGT e CIG.
martes, 17 de julio de 2012
UGT, CCOO e CIG convocan mobilizacións de forma conxunta para este xoves 19 (comunicado das centrais sindicais)
Santiago, 16 de xullo de 2012.- Diante das graves medidas que vén de adoptar o Goberno, as tres organizacións sindicais CIG, CCOO e UGT acordamos convocar conxuntamente manifestacións cidadás o vindeiro xoves, día 19 de xullo, nas principais cidades e vilas galegas. Todas elas discurrirán baixo o lema “Non ao saqueo do pobo. Hai que impedir que nos arruínen”. Subliñar que o acto central, ao que acudirán os secretarios xerais dos tres sindicatos, será en A Coruña.
Medidas todas elas dirixidas a recortar, unha vez máis, dereitos e precarizar as condicións de vida e de traballo da maioría social, para que finalmente sexan as clases traballadoras quen paguen unha crise que non provocaron, ao tempo que se protexen e benefician os intereses de banqueiros, especuladores e defraudadores.
Medidas todas elas dirixidas a recortar, unha vez máis, dereitos e precarizar as condicións de vida e de traballo da maioría social, para que finalmente sexan as clases traballadoras quen paguen unha crise que non provocaron, ao tempo que se protexen e benefician os intereses de banqueiros, especuladores e defraudadores.
Con ese obxectivo o Goberno impón a diminución da prestación por desemprego a partir dos seis meses do 60 ao 50%, así como, o endurecemento dos requisitos para o acceso á renda activa de inserción; de incrementar os impostos indirectos subindo o tipo xeral do IVE do 18 ao 21% e o reducido do 8 ao10%; de suprimir a paga extra de Nadal das empregadas e empregados públicos e a súa negociación colectiva; de reducir as empresas e fundacións públicas; de delimitar a prestación de servizos por parte dos concellos, reforzando a cambio as deputacións; de liberalizar o sector servizos ou flexibilizar os horarios comerciais; ou privatizar os sectores de transporte ferroviario, portuario e aeroportos, entre outras.
Por iso, facemos un chamamento a que, masivamente, a cidadanía galega poña de manifesto na rúa o seu rexeitamento, tanto a estas políticas antisociais promovidas polo PP, como aos argumentos empregados para defendelos e a forma de escenificalos.
viernes, 6 de julio de 2012
Solidariedade coa mineiría do carbón
Como
todos sabedes, as familias vencelladas ao sector da mineiría extractora de
carbón están a pasar por uns momentos moi complicados. O inminente desmantelamento do
sector e a pechazón do goberno a negociar levou á maioría dos seus traballadores a tomar a decisión nunca doada de ir á folga
indefinida. Isto quer dicir que esa xente está a perder salarios enteiros, todo
para garantir que as zonas mineiras sigan a ter futuro e xere postos de
traballo.
Para
calquera familia é inasumíbel non ter ingresos durante un tempo prolongado, por
iso creouse unha caixa de resistencia solidaria. Trátase dunha conta corrente
onde calquera pode ingresar os cartos que desexe para axudar a esta xente. Nin
que dicir ten que todo o recadado destinarase integramente aos compañeiros en
folga.
Deixámosvos
os datos da conta:
Conta:
0182 – 2370 – 43 – 0201528433
Entidade:
BBVA
NON AO
PECHE DA MINEIRÍA DO CARBÓN
SI Á REACTIVACIÓN
DAS COMARCAS MINEIRAS
jueves, 14 de junio de 2012
Axudas para homes por redución de xornada
O martes 12 de xuño de 2012, publicouse no DOG, a resolución da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se convocan as axudas para os homes e familias monoparentais que reduciron a súa xornada de traballo, entre o 1 de maio e o 31 de decembro de 2011, para o coidado dun fillo ou filla menor de tres anos. A idade do/a fillo/a poderase ampliar ata os 12 anos no suposto de que o/a menor padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33%.
A cuantía desta axuda varía en función da porcentaxe de redución de xornada que se solicite, da duración desta e do número de fillos/as, de maneira que a contía da mesma pode ir desde 1600 a 3600 euros. O prazo para a presentación das solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte da publicación desta resolución no DOG.
CALENDARIO LABORAL DE GALICIA PARA 2013
OS 14 DÍAS FESTIVOS DO CALENDARIO LABORAL DE GALICIA PARA 2013 INCLUIRÁN O DÍA DAS LETRAS GALEGAS E O SAN XOÁN
O Consello da Xunta coñeceu hoxe o informe coa proposta do calendario laboral para o próximo exercicio, que terá que ser aprobada posteriormente por decreto. O Real decreto 2001/1983 que rexe o calendario laboral establece 14 festivos: dous elixidos por concellos, aos que se suman 12 marcados polo Estado, dos que 3 as comunidades autónomas poder exercer a facultade se substitución.
Dos festivos obrigatorios, se algún coincide en domingo, a comunidade autónoma pode substituílo polo luns seguinte, ou ben por outro día de interese. Dado que o próximo ano tanto o 6 de xaneiro como o 8 de decembro coincidirán en domingo, Galicia substituirá estes festivos polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o 24 de xuño, San Xoán. Escolléronse estes datas pola súa relevancia e posto que o 17 de maio é venres, e o 24 de xuño é luns, polo que ambos os festivos serían correlativos á fin de semana.
Os 9 festivos nacionais que son de carácter obrigatorio e non substituíbles son: 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6 de decembro, 8 de decembro e 25 de decembro. A estes 9, súmanse os outros tres que poden ser substituídos polas comunidades: 6 de xaneiro, Xoves Santo, e 25 de xullo. Destes tres que poden ser substituídos hai que lembrar o seguinte: o 6 de xaneiro non é modificado por ningunha comunidade autónoma; o Xoves Santo tamén se mantén en Galicia, aínda que nalgunha outra comunidade substitúese polo Luns de pascua; e o 25 de xullo si que é substituído en varios territorios, pero non en Galicia por ser o día nacional desta comunidade.
Polo tanto, os festivos que podería substituír a comunidade autónoma serían aqueles que caen en domingo, que en 2013 son dous: o 6 de xaneiro e o 8 de decembro. Polo tanto, a Xunta decidiu substituír estes dous días polo tradicionalmente festivo Día das Letras Galegas, que coincidiría en venres; e, como novidade, inclúese o 24 de xuño, San Xoán, que coincide en luns.
De cara a 2013, decidiuse elixir ao San Xoán como festivo (en detrimento doutros como poderían ser o 19 de marzo ou o Martes de Entroido), xa que o 24 de xuño coincide en luns e, polo tanto, permitiría avanzar no establecemento paulatino en luns dos festivos que caen entre semana co fin de mellorar a economía. Isto no que se refire aos festivos que competen á comunidade autónoma, xa que cabe recordar que o cambio dos festivos de carácter obrigatorio a luns é unha competencia estatal, posto que deben ser o mesmo día en todo o territorio nacional.
O Consello da Xunta coñeceu hoxe o informe coa proposta do calendario laboral para o próximo exercicio, que terá que ser aprobada posteriormente por decreto. O Real decreto 2001/1983 que rexe o calendario laboral establece 14 festivos: dous elixidos por concellos, aos que se suman 12 marcados polo Estado, dos que 3 as comunidades autónomas poder exercer a facultade se substitución.
Dos festivos obrigatorios, se algún coincide en domingo, a comunidade autónoma pode substituílo polo luns seguinte, ou ben por outro día de interese. Dado que o próximo ano tanto o 6 de xaneiro como o 8 de decembro coincidirán en domingo, Galicia substituirá estes festivos polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o 24 de xuño, San Xoán. Escolléronse estes datas pola súa relevancia e posto que o 17 de maio é venres, e o 24 de xuño é luns, polo que ambos os festivos serían correlativos á fin de semana.
Os 9 festivos nacionais que son de carácter obrigatorio e non substituíbles son: 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6 de decembro, 8 de decembro e 25 de decembro. A estes 9, súmanse os outros tres que poden ser substituídos polas comunidades: 6 de xaneiro, Xoves Santo, e 25 de xullo. Destes tres que poden ser substituídos hai que lembrar o seguinte: o 6 de xaneiro non é modificado por ningunha comunidade autónoma; o Xoves Santo tamén se mantén en Galicia, aínda que nalgunha outra comunidade substitúese polo Luns de pascua; e o 25 de xullo si que é substituído en varios territorios, pero non en Galicia por ser o día nacional desta comunidade.
Polo tanto, os festivos que podería substituír a comunidade autónoma serían aqueles que caen en domingo, que en 2013 son dous: o 6 de xaneiro e o 8 de decembro. Polo tanto, a Xunta decidiu substituír estes dous días polo tradicionalmente festivo Día das Letras Galegas, que coincidiría en venres; e, como novidade, inclúese o 24 de xuño, San Xoán, que coincide en luns.
De cara a 2013, decidiuse elixir ao San Xoán como festivo (en detrimento doutros como poderían ser o 19 de marzo ou o Martes de Entroido), xa que o 24 de xuño coincide en luns e, polo tanto, permitiría avanzar no establecemento paulatino en luns dos festivos que caen entre semana co fin de mellorar a economía. Isto no que se refire aos festivos que competen á comunidade autónoma, xa que cabe recordar que o cambio dos festivos de carácter obrigatorio a luns é unha competencia estatal, posto que deben ser o mesmo día en todo o territorio nacional.
martes, 12 de junio de 2012
A palabra dos defraudadores
O filósofo, xornalista, escritor e colaborador en diferentes medios, Josep Ramoneda, fai unha fotografía bastante clara da abdicación do goberno a prol daqueles poderosos que nunca foron votados por ninguén. Deste xeito, os dereitos sociais e laborais da cidadanía son capados polos escuros intereses duns poucos.
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Mobilízate contra o recorte dos teus dereitos
Como todos sabedes, a última reforma laboral abríu a porta á xeralización do traballo precario e reducíu sensibelmente os dereitos adquiridos que os traballadores e traballadoras conquistaron ao longo de décadas. De feito, estamos a falar do meirande recorte de dereitos da nosa historia contemporánea.
Dende o sindicalismo de clase seguimos apostando pola unidade dos traballadores para berrar alto e claro o noso rexeite a convertirnos en burros de carga, escravizados pola inseguridade laboral que o goberno do Partido Popular lexislou, concedendo á CEOE o seu benquerido despedimento barato ou incluso gratuíto.
As mentiras dun goberno que falaba de crear emprego, de que nunca seríamos rescatados, de que farían as cousas "como Dios manda", obríganos a dicirlles unha vez máis que a súa maioría absoluta (acadada grazas a un número de votos que noutras eleccións suporía unha derrota electoral) non é unha ditadura.
Porque hai moito que perder. Porque o futuro de todos e todas está en xogo (as pensións dos nosos pais, o noso propio futuro laboral, a educación e traballo dos nosos fillos, etc.). Porque vivimos nunha ditadura liderada polos mercados e lobbys que ninguén votou.
Pola nosa dignidade, non é tempo de baixar os brazos e caer no conformismo (derrotismo).
Acudide á manifestación deste 20 de xuño que sairá da praza da Palloza ás 20:00 horas.
Dende o sindicalismo de clase seguimos apostando pola unidade dos traballadores para berrar alto e claro o noso rexeite a convertirnos en burros de carga, escravizados pola inseguridade laboral que o goberno do Partido Popular lexislou, concedendo á CEOE o seu benquerido despedimento barato ou incluso gratuíto.
As mentiras dun goberno que falaba de crear emprego, de que nunca seríamos rescatados, de que farían as cousas "como Dios manda", obríganos a dicirlles unha vez máis que a súa maioría absoluta (acadada grazas a un número de votos que noutras eleccións suporía unha derrota electoral) non é unha ditadura.
Porque hai moito que perder. Porque o futuro de todos e todas está en xogo (as pensións dos nosos pais, o noso propio futuro laboral, a educación e traballo dos nosos fillos, etc.). Porque vivimos nunha ditadura liderada polos mercados e lobbys que ninguén votou.
Pola nosa dignidade, non é tempo de baixar os brazos e caer no conformismo (derrotismo).
Acudide á manifestación deste 20 de xuño que sairá da praza da Palloza ás 20:00 horas.
martes, 5 de junio de 2012
O programa da austeridade
Paul Krugman, galardoado co Premio Nobel de Economía no ano 2008 (entre outros recoñecementos), fala da tendenciosa e malintencioada metáfora que adoita empregar a dereita neoliberal para xustificaren os seus recurtes e “austeridade”: a equiparación dos problemas de débeda dunha economía nacional cos problemas de débeda dunha familia individual.
Porque recurtar o gasto namentres a economía está en recesión é unha estratexia contraproducente.
Ver artigo
Porque recurtar o gasto namentres a economía está en recesión é unha estratexia contraproducente.
Ver artigo
Paul Krugman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2008 (entre otros reconocimientos), habla de la tendenciosa y malintencionada metáfora que suele utilizar la derecha neoliberal para justificar sus recortes y “austeridad”: la equiparación de los problemas de deuda de una economía nacional con los problemas de deuda de una familia individual.
Porque recortar el gasto mientras la economía está en recesión es una estrategia contraproducente
Porque recortar el gasto mientras la economía está en recesión es una estrategia contraproducente
Ver artículo
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Esperamos que nunca ninguén precise este tipo de axudas, pero aí están. Por se tedes algunha coñecida que lle poida vir ben, deixámosvos a resolución do DOG:
Un saúdo.
Un saúdo.
lunes, 21 de mayo de 2012
Noite e día contra a reforma laboral
Desde a lista de CC.OO.
de netex convidamos a todos os traballadores a participares na concentración do
día 23 maio ás 22:00, fronte á Delegación do Goberno. O motivo é a votación da
reforma laboral no Congreso dos Deputados que se celebrará este xoves, día 24 de maio.
Esta mobilización encádrase
dentro da campaña “Noite e día contra a reforma laboral”, que se reproducirá en todo o Estado e que consta de dúas
convocatorias:
- Mércores 23, a partires das 22:00.
- Xoves 24, a partires das 12:00 (durante a votación da reforma).
Como non podería ser doutro
xeito, amba-las dúas convocatorias son abertas a todo aquel que desexe participar.
De feito, CC.OO. fai un chamamento de participación a todos os traballadores, así
como a colectivos e asociacións civís. Pero, por razóns obvias, as concentracións
do xoves están máis enfocadas a traballadores en paro e a delegados sindicais.
Por outra banda, os sindicatos
maioritarios tamén mantiveron diversas reunións cos diferentes partidos políticos
presentes no Parlamento para que voten en contra da reforma, aínda que con toda
seguridade a maioría absoluta do Partido Popular pasará rodillo.
Como sabedes, nos últimos
meses, os sindicatos intensificaron a súa campaña de información e mobilización
ao través dunha folga xeral e diversas manifestacións en todo o Estado cun
grande seguimento. A imposición dunha reforma laboral inxusta e inútil é o
cumio dun ataque sen precedentes ao Estado do benestar, pois ataca á repartición
da riqueza, abrindo o camiño da subsistencia para os traballadores e o da
opulencia para os grandes empresarios. Un modelo de reforma que, como amosan os datos do paro
rexistrado, está a provocar maior destrución de emprego e un abaratamento do
despedimento; ademais de anular a negociación colectiva e individualizar as relaciones
laborales.
É por isto que as mobilizacións
continuarán, sen descartar unha nova folga xeral, ata que o Goberno volte ao rego do diálogo social e dea marcha atrás a esta reforma que nos devolve ao
S. XIX.
Desde la lista de CC.OO. de netex invitamos a todos los trabajadores a participar en la concentración del día 23 de mayo a las 22:00, frente a la Delegación del Gobierno. El motivo es la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados que se celebrará este jueves, día 24 de mayo.
Esta movilización se encuadra dentro de la campaña "Noche y día contra la reforma laboral", que se reproducirá en todo el Estado y consta de dos convocatorias:
- Miércoles 23, a partir de las 22:00.
- Jueves 24, a partir de las 12:00 (durante la votación de la reforma).
Por otra parte, los sindicatos mayoritarios también han mantenido diversas reuniones con los diferentes partidos políticos presentes en el Parlamento para que voten en contra de la reforma, aunque con toda seguridad la mayoría absoluta del Partido Popular pasará rodillo.
Como sabéis, en los últimos meses, los sindicatos han intensificado su campaña de información y movilización a través de una huelga general y diversas manifestaciones en todo el Estado con un gran seguimiento. La imposición de una reforma laboral injusta e inútil es la culminación de un ataque sin precedentes al Estado del bienestar, pues ataca a la repartición de la riqueza, abriendo el camino de la subsistencia para los trabajadores y el de la opulencia para los grandes empresarios. Un modelo de reforma que, como demuestran los datos de paro registrado, está provocando una mayor destrucción del empleo y un abaratamiento del despido; además de anular la negociación colectiva e individualizar las relaciones laborales.
Es por esto que las movilizaciones continuarán, sin descartar una nueva huelga general, hasta que el Gobierno vuelva a la senda del diálogo social y dé marcha atrás a esta reforma que nos devuelve al S. XIX.
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